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Trabajador con 3 años cotizados tiene derecho a 360 días de prestación por desempleo, calculada entre 749? y 1.400?, basada en las cotizaciones de los últimos 180 días.
El TSXG declara improcedente el despido de un camarero en A Coruña tras presentar su baja médica
El TSXG confirma la sentencia de un Juzgado de lo Social que declara improcedente el despido de un camarero en A Coruña, ocurrido 40 minutos después de que este presentara su baja médica.
El TS fija criterio sobre la tributación en AJD por extinción de condominios en caso de «patrimonios colectivos»
La operación por la que se extinguen condominios en los que participan los mismos titulares con adjudicación de bienes sin compensación está sujeta a la modalidad de AJD, sin que se relevante a efectos fiscales que los bienes hubieran sido adquiridos e incorporados a los condominios por distintos títulos de adquisición.



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Caso práctico: IVA en el rendimiento de actividades profesionales del socio de una entidad

20/09/2023 Iberley

PLANTEAMIENTO

El socio de una sociedad limitada con el objeto social de asesoramiento de inversiones tiene más del 50 % del capital, es el administrador y paga autónomos y recibe una retribución de la sociedad por sus trabajos de asesoramiento. Según el artículo 27.1 de la Ley del IRPF, se considera que es actividad económica. Se pregunta:

¿Debe hacer factura? Y si es así, ¿tendría que llevar IVA?

RESPUESTA

El autónomo societario tendrá que facturar con IVA en caso de que estuviera ejerciendo una actividad con carácter independiente. Es decir:

Si utiliza sus propios medios materiales y personales para ejercer su actividad.

Si no está integrado en la estructura organizativa de la sociedad, es decir, fija sus propios horarios, vacaciones, etc.

Concurre en el riesgo económico del servicio de la actividad.

Si hay responsabilidad contractual con sus clientes.

Lo que determina que una prestación de servicios realizada por una persona física se encuentre sujeta al IVA es que sea prestada por cuenta propia, razón por la cual el artículo 7.5.º de la LIVA dispone que no estarán sujetos «los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones administrativas o laborales, incluidas en estas últimas las de carácter especial». Así, el requisito esencial a analizar es el carácter independiente con que se desarrolla una determinada actividad económica.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado en diversas ocasiones, entre otras, en la sentencia n.º C-154/08, de 12 de noviembre de 2009, ECLI:EU:C:2009:695, en la sentencia n.º C-235/85, de 26 de marzo de 1987, ECLI:EU:C:1987:161, y en la sentencia n.º C-202/90, de 25 de julio de 1991, ECLI:EU:C:1991:332. La determinación de si estamos ante una relación de dependencia laboral o ante una actividad profesional en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido debe partir de un análisis caso por caso, sobre la base de los indicios que establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

En relación con las condiciones laborales, debe entenderse que no existe subordinación cuando el socio se procura y organiza él mismo los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de la actividad, y si existe subordinación cuando quien procura y organiza los medios necesarios para la actividad es la sociedad.

Habría que analizar si el socio forma parte de la organización concebida por la sociedad, lo que determinaría una suerte de subordinación, o si es libre de organizar su actividad mediante la elección de colaboradores, estructuras necesarias para el desarrollo de funciones y de horarios de trabajo y vacaciones.

En cuanto a las condiciones retributivas, habrá que estar a si el socio soporta el riesgo económico de la actividad (si el éxito o fracaso determina de forma directa su retribución) o no a efectos de afirmar su independencia o su subordinación.

Otros indicios vendrían dados por la integración o no del socio en la estructura organizativa de la sociedad. Habría que analizar si el socio forma parte de la organización concebida por la sociedad o si es libre de organizar su actividad mediante la elección de colaboradores, estructuras necesarias para el desarrollo de funciones y de horarios de trabajo y vacaciones.

Es necesario analizar sobre quién recae la responsabilidad contractual de la actividad desarrollada por el socio frente a los clientes, si bien, tal y como ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-235/85 antes mencionado, el incumplimiento de esta condición no es óbice para poder considerar una relación como de independencia.

En este sentido se pronuncia la Dirección General de Tributos, por ejemplo, en la consulta vinculante (V1148-15), de 13 de abril de 2015









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