Ha salido publicada la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que busca establecer una regulación homogénea de los aspectos más esenciales de las políticas de vivienda.

Se establece en su primer artículo un triple objetivo de la Ley:

• La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda, particularmente, el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma en condiciones asequibles.
• La regulación del contenido básico del derecho de propiedad de la vivienda en relación con su función social.
• Reforzar la protección del acceso a la información en las operaciones compra y arrendamiento de vivienda.

Esta Ley modifica la definición de gran tenedor que será la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros. Se especifica además que, en entornos de mercado residencial tensionado, si la comunidad autónoma lo motiva, podrán ser considerados como grandes tenedores los titulares de 5 o más inmuebles urbanos.

Se modifican, entre otras cosas, las prórrogas de los contratos de arrendamiento de vivienda, la fijación de la renta en zonas de mercado tensionado, y los gastos de la gestión inmobiliaria que pasan a ser a cargo del arrendador.

También se prevén una serie de beneficios fiscales en el IRPF para los contratos celebrados a partir de su entrada en vigor, y un recargo en el IBI para viviendas desocupadas durante más de dos años cuando el propietario tenga más de 4 viviendas.

Destaca también el procedimiento de conciliación establecido para aquellos supuestos de desahucios en los que el demandante sea un gran tenedor y el demandado se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.

Se estructura en cinco títulos y contiene 36 artículos, seis disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales, y modifica, entre otras:

• La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
• La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
• El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
• El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
• La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
• El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Esta Ley entra en vigor el 26 de mayo de 2023, excepto la disposición final segunda, que regula la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que entrará en vigor el 1 de enero del 2024.