En diciembre se registraron 5.622 altas de jubilación a los 64 años, el máximo histórico y el triple que, en la última década, y 7.739 altas a los 63 años, el doble.

18 de marzo Expansión

Uno de los elementos con los que el Gobierno contaba para aligerar el gasto en pensiones, en un momento en el que la jubilación de los baby boomers, el aumento de los tipos de interés y las presiones de Bruselas hacen perentorio reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social era el retraso voluntario en la edad de jubilación. Sin embargo, la contrarreforma de las pensiones de 2021, que reinstaura la revalorización de las nóminas de los jubilados con la inflación, unida a una subida récord de los precios el año pasado, ha provocado un aluvión de retiros anticipados por debajo de los 65 años. ¿La razón? El importe de la revalorización con el Índice de Precios de Consumo (IPC), del 8,5%, excede con creces la penalización que sufren los pensionistas por su jubilación anticipada. Como resultado, el número de jubilados a los 63 y 64 años en la recta final del año pasado se ha disparado hasta máximos históricos, agravando el desequilibrio del sistema.

En concreto, las altas de jubilación a los 64 años se han disparado hasta los 5.622 nuevos pensionistas en diciembre de 2022, de acuerdo con los datos de la Seguridad Social, el máximo de la serie histórica que arranca en 2005 y una cifra que triplica con creces el promedio de los últimos diez años. Por su parte, las altas de jubilación a los 63 años se han disparado hasta los 7.739 nuevos pensionistas, la segunda mayor cifra del registro y algo más del doble que la media desde 2012. En total, las altas de jubilación a los 63 y 64 años registradas en diciembre del año pasado multiplican por 2,8 las que tuvieron lugar en el mismo mes de 2021, a lo que hay que sumar además que el número de jubilaciones por debajo de la edad legal se había ido incrementando progresivamente también en los meses anteriores, aunque sin alcanzar las cotas del final de año. Así, el gasto en pensiones sube un 10,8% anual en febrero, hasta 11.922 millones de euros.

Esto supone una triple sangría de recursos para la Seguridad Social. Por un lado, porque supone la pérdida de muchos afiliados a la Seguridad Social, que dejan de aportar la cotización en un momento en el que los empresarios están paralizando las nuevas contrataciones ante la debilidad de la demanda, por lo que podrían plantearse dejar sin cubrir buena parte de las plazas vacantes. Por otro, el hecho de que miles de pensionistas hayan acelerado su edad de jubilación también supone un incremento en el corto plazo de los gastos de la Seguridad Social, que tendrá que cubrir un año o dos más de pensiones. En total, ambos efectos combinados suponen que un trabajador que cobrara 30.000 euros antes de jubilarse generaría un coste para el sistema de cerca de 34.500 euros por cada año que adelante su jubilación, si bien esta cifra depende de su carrera de cotización en los años anteriores. El problema es que este déficit puntual en condiciones normales debería compensarse en los años posteriores mediante un recorte en la cuantía de la pensión, pero la revalorización con el IPC anula casi cualquier penalización, haciendo que quienes se jubilaron en 2022 vayan a percibir una nómina mayor que quienes lo hagan en 2023, aunque estos últimos hayan trabajado más tiempo. En total, esto subiría en otros 17.800 euros el coste de la pensión a lo largo de los 21 años de su esperanza de vida a los 65 años. Es decir, la sangría para la Seguridad Social se prolongará a lo largo de las próximas décadas.

Insuficiente penalización

En concreto, un jubilado que decida retirarse un mes antes de la edad legal de jubilación sufrirá una penalización de entre el 2,81% y el 3,26%, dependiendo del número de años cotizados, pero la penalización es proporcionalmente menor para mayores adelantos. Por ejemplo, alguien que anticipe su jubilación seis meses sufrirá un descuento de entre el 3,45% y el 4%, quien lo haga un año antes de lo pertinente afrontará una pérdida de entre el 4,75% y el 5,5%, quien lo haga un año y medio antes perderá entre el 7,6% y el 8,8% y quien extienda este periodo hasta los dos años tendrá una merma de entre el 13% y el 21%. Aunque el Gobierno ha incrementado las penalizaciones con la última reforma, estas cifras quedan muy por debajo de la mejora que supone la actualización con el IPC para buena parte de los nuevos jubilados. De hecho, prácticamente todos los jubilados que adelanten su retiro hasta un año y medio de forma voluntaria disfrutarán de una pensión más elevada que la que habrían tenido trabajando lo exigido por el Gobierno (incluso más, en muchos casos, que si decidieran extender la jubilación más allá del límite legal). Pero, es más, si a la revalorización del 8,5% de 2023 se suma la que se puede esperar para 2024 (en torno al 4%, según los principales analistas), la subida acumulada asciende hasta el 12,8%, igualando la reducción que podría tener alguien que anticipe su retiro entre 21 y 24 meses.

Presión de Bruselas

Este aumento de las jubilaciones anticipadas supone un varapalo a la estrategia del Gobierno para aliviar el déficit de las pensiones, una de las principales exigencias de Bruselas para el desembolso de los fondos europeos. En los últimos años, el ministerio dirigido por José Luis Escrivá acabó con dos elementos clave para contener el gasto en el medio plazo, la revalorización por debajo del IPC y la corrección de las nuevas prestaciones de acuerdo con la esperanza de vida, sustituidas recientemente por un progresivo pero muy contundente incremento de las cotizaciones sociales. Con ello, el Gobierno carga el peso de los crecientes costes del sistema sobre las empresas, lo que podría limitar la creación de empleo en los próximos años. Por ello, numerosos organismos han alertado en los últimos días de que la reforma podría ser insuficiente, e incluso contraproducente, para la sostenibilidad del sistema. Por ejemplo, BBVA Research alertaba recientemente de que esta reforma supondría que se dejen de crear 200.000 puestos de trabajo hasta 2050, lo que limitaría el alza de los ingresos.