Una norma en tramitación parlamentaria refuerza la labor de la Administración tributaria en las comprobaciones limitadas.

14 de abril Expansión

Novedades en la comprobación por parte de Hacienda de la contabilidad de las empresas. El proyecto de ley sobre cooperación administrativa en materia de fiscalidad, que traspone la reforma europea de la directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito fiscal, la conocida como DAC 7, ha incorporado durante su tramitación en el Congreso de los Diputados varias enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos para endurecer el control a las empresas en materia de lucha contra el fraude.

En concreto, una de las enmiendas aprobadas modifica el artículo 136 de la Ley General Tributaria, referente a las comprobaciones limitadas, en el que hasta ahora se excluía de forma expresa la contabilidad mercantil de la documentación que la Administración Tributaria podía requerir, aunque sí se reconocía la posibilidad de que el obligado tributario la aportase sin haber requerimiento previo.

Ahora, la enmienda aprobada establece que, "en el procedimiento de comprobación limitada, a los efectos de mejorar la efectividad de este, se reconoce la facultad de la Administración tributaria de comprobar la contabilidad mercantil. En concreto, la nueva redacción establecida por la enmienda señala que "el examen de la contabilidad se limitará a constatar la coincidencia entre lo que figure en la misma y la información que obre en poder de la Administración Tributaria.

El texto, actualmente en tramitación en el Senado, también establece que la contabilidad deberá ser examinada en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en presencia de este o de la persona que designe, salvo que aquel consienta su examen en las oficinas públicas. No obstante, la Administración tributaria podrá analizar en sus oficinas las copias de la contabilidad en cualquier soporte".

Con esta medida, el secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha) indica que la intención es dar cobertura legal a la hora de poder obligar a las empresas o sus asesores fiscales a aportar los libros contables cuando la administración tributaria realiza comprobaciones limitadas de algún impuesto, como el IVA. Hasta ahora, aunque lo habitual es que en caso de solicitar la contabilidad el asesor o empresario la aportase, no existía el respaldo legal para poder obligar a hacerlo, por lo que cabía lugar para negarse a presentar la contabilidad requerida.