El Estado
cerrará con un déficit del 3,5% de PIB, las comunidades autónomas con el 0,3%,
la Seguridad Social con números rojos del 0,6% del PIB, mientras que las
Corporaciones Locales un superávit del 0,2%
5
de abril CincoDias
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha
presentado este miércoles su informe sobre los presupuestos iniciales de las
administraciones públicas y lo cierto es que volvió a generar polémica, tras la
despertada hace unos días por las cifras de desempleo, así como por la
sostenibilidad que genera la recientemente aprobada reforma de las pensiones.
En esta ocasión,
la entidad dirigida por Cristina Herrero sorprendió al empeorar las
previsiones de déficit público, al tiempo que puso números a las medidas
puestas en marcha por el Gobierno para combatir la crisis energética.
La Airef calcula
que la rebaja del IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra
aprobada por el Gobierno y que comenzó a aplicarse el pasado 1 de enero tendrá
un coste recaudatorio de 782 millones de euros. De esta cifra, 643 corresponden
a la reducción del 4% al 0 de los alimentos de primera necesidad, mientras que
los 139 millones restantes responden a la bajada del 10% al 5% en los aceites y
pastas alimenticias, “según una microsimulación realizada con la inflación
individual de cada bien a noviembre de 2022?.
Si a este coste
recaudatorio se suman el resto de las medidas emprendidas por el Ejecutivo (ver
gráfico adjunto), el conjunto de las medidas anticrisis del Ejecutivo tendrá un
impacto sobre las cuentas públicas de 14.014 millones de euros en 2023, lo que
equivale al 1% del PIB nacional.
Esta es la
principal razón por la que la Airef empeoró su previsión de déficit público
para este año hasta el 4,2% del PIB, lo que supone nueve décimas más que en sus
anteriores estimaciones y tres décimas más que la propia estimación del
Ejecutivo (3,9%). Este empeoramiento se reparte entre la administración central
(5 décimas), las comunidades autónomas (2 décimas) y corporaciones locales (3
décimas), mientras que se mejora 1 décima el déficit de los fondos de la Seguridad
Social.
De esta forma,
la administración central del Estado cerrará este ejercicio con un déficit del
3,5% de PIB, las comunidades autónomas con un déficit del 0,3% del PIB, los
fondos de la Seguridad Social con un saldo negativo del 0,6% del PIB, mientras
que, por el contrario, las corporaciones locales serán la única administración
que registres un superávit del 0,2% del PIB, frente a la anterior estimación
del 0,5%.
Castilla-La
Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, serán las únicas comunidades
que finalizarán 2023 con un déficit superior al 0,3% fijado para el conjunto de
las autonomías.
El grueso del
impacto de las medidas anticrisis sobre la recaudación se refleja en los
impuestos relacionados con la energía. Hacienda dejará de ingresar 2.342
millones de euros por extender la rebaja del IVA de la electricidad hasta el 31
de diciembre, a los que habría que sumar otros 2.153 millones por hacer lo
mismo con la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad y
unos 806 millones por prorrogar también la bajada del IVA del gas natural,
briquetas y pellets.
El coste de las
medidas aprobadas por el Ejecutivo para otros ámbitos tendrán un coste de 7.931
millones en 2023, según el trabajo presentado por la Airef. Las ayudas sectoriales
tendrán un impacto de 2.688 millones, la bonificación al carburante ascenderá a
1.347 millones y las ayudas directas a las familias vulnerables, donde hay que
contemplar el cheque de 200 euros, supondrán 1.200 millones. A todo ello hay
que añadir 2.396 millones del resto de ayudas a particulares, así como unos 300
millones de las ayudas a refugiados.
Cuadro macro
El informe
presentado este miércoles por la AIReF, revisa asimismo el escenario
macroeconómico y mantiene el crecimiento previsto para este año en el 1,6 %
(frente al 5,5 % alcanzado en 2022), en un contexto de mejores expectativas de
crecimiento global y de moderación de precio de las materias primas. No
obstante, la directora de Análisis Económico de la Airef, Esther Gordo, ha
señalado que este mejor contexto se verá contrarrestado por el encarecimiento
de los costes de financiación que se trasladarán a la economía en mayor medida
en el segundo semestre del año.
La Airef calcula
que el crecimiento del primer trimestre estará entre el 0,5% y el 0,7%, por el
dinamismo del mercado de trabajo, aunque para el conjunto del año ha elevado
una décima la tasa de paro prevista (12,7%) por el aumento estimado de la
población activa.
La inflación
media se desacelerará al 4% en 2023, por el efecto base de comparar con los
elevados precios de 2022 y por la moderación de los precios de la energía,
mientras que la inflación subyacente será más elevada, hasta alcanzar el 5,4%.
La deuda pública
bajará 2,6 puntos porcentuales de PIB, lo que situaría la ratio a final de año
en el 110,6 % de PIB, un recorte que se sustentará fundamentalmente en el
crecimiento nominal del PIB. Cerró el ejercicio 2022 en 1,502 billones de
euros, lo que supone un incremento de 75.305 millones respecto al año anterior,
aunque redujo su peso sobre el PIB hasta el 113,2%, situándose por debajo del
objetivo del Gobierno, de acuerdo con los datos publicados por el Banco de
España.
Polémica
sobre las pensiones
Si hace unos
días la propia Airef advertía que la reforma de las pensiones era insuficiente
para asegurar la sostenibilidad del sistema y amenaza con disparar el gasto
público. La Airef, en esencia, lo que aseguraba es que los gastos adicionales
en los que incurrirá el sistema prácticamente duplicarán el incremento de
ingresos previsto, lo que elevará el déficit público en 1,1 puntos del PIB en
2050 y en otro punto allá por 2070, disparando la deuda hasta el 186% del PIB.
Este miércoles,
el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y ex presidente a su
vez de la propia Airef, lanzó un mensaje claro al afirmar que ve “poco margen
de ajuste” en la mejora de la sostenibilidad del sistema de pensiones, puesto
que se pactó con la Comisión Europea. No obstante, se ha mostrado abierto a
“valorar” elementos que tengan que ver con “la equidad del sistema” y con
“ajustes paramétricos” durante su tramitación como proyecto de ley. En una
entrevista en el Canal 24 Horas, ha vuelto a defender la segunda pata de la
reforma, convalidada la semana pasada en el Congreso y que ahora se tramitará
como proyecto de ley.