Mientras las ventas online ya se cuantifican, el
uso de bienes y servicios gratuitos dificulta los cálculos
17
de mayo CincoDias
Del mismo modo que la ciudadanía y las empresas
acceden cada vez a más bienes y servicios de forma digital, esa situación
debería poder medirse para comprobar hasta qué punto se está transformando la economía española.
El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial y el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya se han puesto a
ello. Fuentes cercanas al proyecto confirman a CincoDías que
se han celebrado las primeras reuniones para comenzar a diseñar qué metodología
es la idónea para cuantificar de la manera más fidedigna el peso que tiene la
actividad online en el Producto Interior Bruto (PIB).
Lo primero para poder arrancar es establecer
a qué se referirán los números cuando hablen de economía digital.
La definición consensuada por el G20 y la OCDE de la que parten los primeros
intentos de medición es: “toda actividad económica que depende del uso de
insumos digitales, o que se ve significativamente reforzada por ellos,
incluidas las tecnologías digitales, la infraestructura digital, los servicios
digitales y los datos. Se refiere a todos los productores y consumidores,
incluidos los Gobiernos, que utilizan estos insumos digitales en sus
actividades económicas”.
Una vez que está consensuada la definición, el
consenso internacional concluye que la medición ha de concretarse en cuatro niveles.
El primero es el relativo a la medición nuclear,
que solo incluye la actividad desarrollada por el sector de Tecnologías de la
Información (TIC). El segundo, denominado medición reducida, incluye la
actividad dependiente de insumos digitales. La medición extendida es la
correspondiente al tercer nivel, que se abre a actividades potenciadas significativamente
por los insumos digitales. Y el cuarto y último nivel es el referido a la
sociedad digitalizada.
Tal y como reconoce el informe elaborado por el
Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (Ontsi), este cuarto es el más
complejo, ya que va más allá de la economía digital porque prevé
incorporar actividades fuera de los límites del PIB, como el uso de plataformas
gratuitas.
Aumento del bienestar
Precisamente esa gratuidad de algunos bienes y
servicios es uno de los factores que complica la medición de su producción en
términos de PIB. La producción y el consumo domésticos de esos productos
digitales o el desarrollo de la economía colaborativa no son fáciles
de cuantificar. Existen autores que defienden que esos bienes y servicios deben
permanecer fuera del ámbito de la contabilidad nacional, mientras otros autores
opinan lo contrario.
En lo que sí parece coincidir el consenso
académico es que el uso de esos servicios y bienes gratuitos generan aumentos
del bienestar “que no se miden de manera adecuada en la contabilidad nacional”,
afirma el análisis del Ontsi.
Así, Internet permite que los hogares realicen cada vez más transacciones que
anteriormente se habrían llevado a cabo a través de un intermediario y, por
tanto, habrían sido contabilizadas en el PIB. Esto demuestra el potencial que
supone el uso de datos procedentes del sector privado para analizar la realidad
económica y social. Por todo ello, en esta nueva fase será crucial la
colaboración entre los institutos de estadística y la Administración en su
sentido más amplio con las empresas para recopilar, procesar y analizar los
datos masivos que pueden mejorar la medición de la economía digital.
Estimaciones
Fuentes del INE confirman los contactos mantenidos
con la Secretaría de Digitalización y recuerdan que los trabajos se encuentran
en fase preliminar, por lo que los primeros datos no podrán publicarse hasta
2025. A nivel internacional, el proyecto auspiciado por la OCDE calcula que a
finales de esta década exista ya una estadística global que permita comparar
las cifras de unos países y otros.
Hasta ahora, para medir en profundidad el PIB se
dispone de las tablas de origen y destino, que facilitan información en detalle
sobre el proceso de producción, el destino de los bienes y servicios y la renta
que se genera. Otra metodología es disponer de cuentas satélite. Una de estas
cuentas, como la que existe referida al turismo, proporciona un marco
conceptual amplio, ligado a las cuentas nacionales, que permite centrar la
atención en un campo específico.
Tanto el INE como la Secretaría de Estado de Digitalización están
llamados a ser los catalizadores de la cooperación con el sector digital para
realizar la recogida de la información. Una primera aproximación al peso de la
economía digital en España estima que el valor añadido bruto (VAB) del sector
de la información y las comunicaciones alcanzó en 2019 (último año en detalle
disponible) un 3,3% del total de la economía. El impacto de las actividades que
dependen de insumos digitales como el comercio electrónico sería del 7,4%, la
medición extendida o tercer nivel elevaría esa cifra al 9,1%, mientras que si
se consideran los impactos directos e indirectos, llega al 19,8% del PIB. El
reto será poder contar con los mecanismos adecuados para cuantificar de forma
precisa el impacto de la economía digital.