Economía lanza hoy a consulta pública el
reglamento de desarrollo de la Ley Crea y Crece que da un año a la gran empresa
y dos a las pymes para implantar la facturación digitalizada e interconectada
con la plataforma del Fisco.
7
de marzo Expansión
El Gobierno tiene lista la letra pequeña del plan
de implantación de la facturación electrónica, que ultima imponer como obligatoria y bajo supervisión de Hacienda a
todas las empresas que operan en España.
Según confirman a EXPANSIÓN fuentes oficiales, el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dirige la
vicepresidenta Nadia Calviño, tiene previsto someter desde hoy a consulta
pública el texto del Real Decreto-Ley que dará el pistoletazo
de salida a la digitalización de todas las facturas emitidas entre
empresas y autónomos, un sistema que las grandes compañías tendrán que
abrazar en solo 12 meses y al que las pymes deberán adaptarse en 2 años.
La exigencia de la factura electrónica entre
empresarios y profesionales es uno de los pilares de la Ley
de Creación y crecimiento de empresas, pero su puesta en marcha quedó
condicionada al correspondiente desarrollo reglamentario, en un plazo máximo de
seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el
pasado 29 de septiembre.
El Gobierno defiende la iniciativa como una "medida
para digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes de transacción y
facilitar la transparencia en el tráfico mercantil", a la vez que la
presenta como una palanca "clave para poder atajar de manera eficaz la
morosidad en las operaciones comerciales".
En este sentido, el Gobierno admite que "la
primera condición para lograrlo es contar con información fiable sobre
los plazos de pago efectivos", que ahora mismo no se tiene pero que se
obtendrá gracias al control exhaustivo de la facturación electrónica por parte
de Hacienda.
Desde el Ministerio de Asuntos Económicos explican
que al analizar los problemas más recurrentes de las pequeñas y medianas
empresas, de cara a tratar de solventarlos con la llamada Ley crea y
crece, detectaron que para buena parte de las pymes y autónomos uno de los
principales impedimentos al crecimiento son las tensiones de liquidez que les
genera la incertidumbre en torno al cobro de sus facturas.
Aunque la Ley de Medidas de lucha contra
la morosidad de las operaciones comerciales lleva años exigiendo que
las facturas se paguen en un plazo de un mes, y prohibiendo expresamente que
"en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días
naturales", la realidad es que en la intimidad de las relaciones
comerciales muchos proveedores se adaptan los laxos calendarios que imponen sus
mayores clientes, aseguran desde el Ejecutivo, admitiendo no tener constancia
de la magnitud del problema.
El objetivo es que la transparencia que introduzca facturación electrónica, y los ojos
de Hacienda sobre ella, eleven la presión para cumplir con los
plazos legales.
Aunque de momento ni la ley ni el reglamento
incorporan medidas sancionadoras para los infractores, como vienen pidiendo
desde las plataformas contra la morosidad, el Gobierno sí que ha introducido un
relevante "incentivo": el acceso a subvenciones y ayudas públicas,
como las transferencias europeas asociadas al Plan de Recuperación,
exigirá el cumplimiento de los plazos de pago.
La obligación de expedir y remitir facturas
electrónicas a todos los
empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales conllevará, sin
embargo, un coste económico de adaptación al grueso de negocios que operan en
España.
Para hacerle frente, el Gobierno aconseja
aprovechar los más de 3.000 millones de euros en ayudas europeas del
programa Kit Digital para la adquisición e implantación de
soluciones de digitalización.
En todo caso, las empresas podrán elegir qué
plataforma de facturación digital deciden utilizar y se facilitarán soluciones
públicas.
El desarrollo reglamentario que Economía impulsa
ahora detalla eso sí que las soluciones que adopten los empresarios deberán
cumplir una serie exigencias técnicas y requisitos mínimos de
"interconexión e interoperabilidad" que permitan confluir en un lenguaje informático común manejable por
la Agencia Tributaria, cuya propia plataformas ejercerá de
"cierre" del sistema, siguiendo el modelo de Francia.
Hasta la fecha, las empresas con una cifra de
negocio superior a los seis millones de euros anuales ya habían tenido que
digitalizar parte del flujo informativo de facturación con Hacienda al
adoptar el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII),
mientras que la facturación electrónica integral ya era exigible en los
contratos con administraciones públicas (lo que afecta a unas 15 millones de
facturas anuales).
La obligación se extiende ahora a todas las
facturas entre empresas y profesionales (business to business, o b2b, por sus
siglas en inglés), y la factura
digital deberá permitir controlar la fecha de emisión, la de pago y el periodo
medio de abono de las empresas.
Sectores más avanzados
La facturación electrónica ya
está relativamente extendida en sectores como el gran consumo, la
automoción, las agencias de viajes y Horeca (hoteles, restaurantes y caterings),
pero la universalización de su uso supondrá pasar de los 296 millones de
facturas electrónicas de 2021 a cerca de 1.000 millones en 2025.
Ese horizonte lo marcan los plazos de adaptación
de la norma que da un año para adaptarse a las empresas que facturan
más de ocho millones al año y dos ejercicios al resto de firmas y autónomos.
La expectativa del Gobierno está puesta en que el
sistema de factura electrónica acabe integrando en el futuro la información del
SII del IVA y permita a los
pequeños empresarios usar una única plataforma homologada, en lugar de
adaptarse a las que utilice cada uno de sus clientes, lo que a la larga
abarataría sus costes y reducirá la carga de trabajo de las gestorías.
La factura electrónica deberá estar
disponible al menos durante 4 años e incumplir la regulación se
sancionará hasta con 10.000 euros.
SOLO LAS EMPRESAS AL DÍA DE PAGOS OPTAN A AYUDAS
EUROPEAS
"La morosidad comercial supone un lastre muy
importante para la economía española, muy especialmente para las pyme",
reza el preámbulo de la Ley de Creación y crecimiento empresarial
impulsada por el Gobierno.
A la búsqueda del equilibrio entre la estrategia
del palo y la zanahoria, el Ejecutivo ha decidido que el mayor
incentivo para reducir plazos en el pago a proveedores, sin ahogar con
multas a firmas en problemas, es cortar el acceso a las ayudas públicas, y en
particular a los ingentes fondos europeos del Plan de Recuperación, a las
empresas morosas.
El Gobierno reconoce que, "a pesar de los
años transcurridos desde la Ley 3/2004" de Medidas de lucha contra
la morosidad de las operaciones comerciales, que fija el plazo de pago en
un mes y un máximo de 60 días en caso de acuerdo entre las partes, "las
prácticas de pago con demoras excesivas siguen estando extendidas en nuestro
país".
A partir de ahí, detectan desde el Ministerio
de Asuntos Económicos, los autónomos y los negocios de menor tamaño
son las que más sufren estos retrasos, pues "las grandes empresas
cuentan con una posición de fortaleza frente al proveedor", especialmente
el de pequeño tamaño, reconoce la nueva ley.
Como consecuencia, subraya el texto, las pymes las
que "tienen que compensar el coste financiero y la incertidumbre generada
por estas malas prácticas sacrificando sus proyectos y capacidades de inversión
o recurriendo a la contratación temporal".
En este sentido la Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad acaba de denunciar que en 2022 los
contratistas cobraron sus facturas en un plazo medio de 100 días frente al tope
legal de 60 días.
El Informe sobre Morosidad: Estudio plazos
de pago en España 2022 indica que al 61% e proveedores se les imponen
plazos de pago superiores a los permitidos por la ley, si bien el 94% no
reclamó una indemnización y el 84% ni siquiera exigió intereses de demora.
Para tratar de reconducir la situación, el
Ejecutivo promovió una reforma de la ley de subvenciones que,
en el caso de ayudas públicas superiores a 30.000 euros, establece que "no
podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las empresas
que incumplan los plazos de pago previstos" en la ley de morosidad
comercial. Una amenaza relevante dado que España está canalizando ya 69.500
millones de transferencias europeas.
Sin embargo, para poder ejercer un control
efectivo sobre estos plazos, el Gobierno requiere la puesta en marcha del sistema
de facturación electrónica entre empresas, que ultima poner en marcha, bajo
la fiscalización de Hacienda, como obligación para todas las compañías y
autónomos.
Con todo, desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad se
quejan de que aunque el 92% de las empresas no cumple con las nuevas exigencias
legales para acceder a los fondos europeos, la ausencia de un control efectivo
está impidiendo que la amenaza surta efectos, y critican la estrategia escogida
por el Gobierno, subrayando la "inutilidad de una ley que no sancione su
incumplimiento".