El ministerio del ramo recibe 2.000 reclamaciones patrimoniales de caseros pequeños y medianos, que perderán 95 euros al mes por vivienda mientras la medida esté vigente.

11 de marzo Expansión

El tope del 2% a los precios del alquiler, en vigor desde abril del pasado año y por ahora prorrogado hasta finales de este, no sólo no ha cumplido su objetivo principal, sino que además ha provocado importantes efectos secundarios. A la vista está que el objetivo principal de limitar el encarecimiento de la vivienda en alquiler no ha prosperado, con una subida en el último año del 8,7% de media nacional y mayor del 10% en 14 capitales de provincia. En cuanto a los efectos secundarios, estos comienzan a aflorar en forma de reclamaciones. En total, 2.000 de pequeños y medianos tenedores que presentó ayer la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Son reclamaciones patrimoniales derivadas de las pérdidas que ha supuesto y supondrá la medida durante el tiempo que esté en vigencia.

En concreto, la estimación de Asval es que entre abril de 2022 y diciembre de 2023 cada propietario perderá, de media, 2.000 euros por vivienda alquilada, es decir, 95 euros al mes. Por su parte, en el tiempo que lleva vigente la medida, el precio del alquiler es unos 55 euros al mes más elevado para un inmueble de 70 metros cuadrados. Y esto es con respecto a la media nacional, porque un inmueble de similares características es 200 euros más caro al mes en Barcelona y 100 euros más al mes en Madrid.

"El límite de precios a la vivienda en alquiler es un menoscabo de los derechos de propiedad privada profundamente injusto, ya que carga sobre los hombros del propietario la responsabilidad del Estado en materia social de vivienda. Además, reduce la oferta, lo que encarece los precios, alejando de la posibilidad de acceso a una vivienda en alquiler a las capas vulnerables de la población, aquellas a las que se dice querer proteger", señaló María Andreu, directora general de la asociación. Otros motivos que esgrime son que medidas como ésta suponen un freno a la inversión en el mercado inmobiliario, así como un aumento de la inseguridad jurídica existente.

Estas 2.000 reclamaciones pertenecen a personas físicas y el 95% de ellas tienen cinco o menos propiedades en alquiler, de las cuales, tres de cada cuatro tienen una o dos propiedades. Pero la presentación de estas reclamaciones puede ser sólo el principio de un movimiento aún más masivo. Desde Asval, que además de pequeños propietarios cuenta entre sus asociados con empresas que gestionan miles de inmuebles destinados al alquiler, aseguran: "Los grandes tenedores han quedado al margen de esta iniciativa. Les corresponde a ellos ejercer el derecho al resarcimiento por daño patrimonial contra el Estado. Nos consta que lo están estudiando sus departamentos jurídicos y que si se aprueba esta Ley de vivienda serán muchas las reclamaciones que se sumen".

Cabe destacar que, en el debate de la Ley de vivienda, que PSOE, Unidas Podemos y el resto de socios parlamentarios están intentando cerrar de cara a un año plagado de citas electorales, sobrevuela la idea de elaborar un nuevo índice con el que topar las subidas de precios y que sustituiría el límite fijo que estableció el Gobierno del 2%. Hasta que se establezca ese índice, en lo que están trabajando los grupos es en prorrogar un año más el tope fijo, hasta finales de 2024, aunque al 3%.

Asval defiende que no permitir que los contratos del alquiler no se actualicen en función de la inflación, tal como recogen gran parte de ellos entre sus cláusulas, supone contrariar la Ley de Arrendamientos Urbanos. "Esta actualización ayuda a los pequeños propietarios a proteger su nivel de vida, amortiguar la crisis y completar su salario o su pensión. Además, los propietarios deben asumir gastos derivados de la mejora de sus inmuebles, que continúan su escalada de precios. No obstante, estos propietarios se han mostrado siempre sensibles a la situación de sus inquilinos ante el actual contexto económico, y en algunos casos ya han negociado soluciones", explican.

La reclamación por responsabilidad patrimonial está contemplada por la legislación española y permite solicitar una indemnización por toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos siempre que la lesión provenga de la propia administración pública. Tras presentar la reclamación, la administración se da un plazo de resolución de la misma de seis meses. Las 2.000 solicitudes reunidas por Asval se realizaron entre noviembre del año pasado y enero de este año.