Unidas Podemos afirma, que la reforma del Estatuto de los Trabajadores que busca impulsar la ministra de Trabajo facilitará la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas y en su capital.

28 de mayo 2022 Fuente: Expansión

Apenas cinco meses después de la entrada en vigor de la primera, el socio populista del Gobierno, Unidas Podemos, calienta motores para acometer una segunda reforma laboral. El punto de mira se sitúa en esta ocasión en la entrada de los sindicatos no solo en los consejos de administración de las empresas privadas, sino también en su capital.

Así lo aseguró ayer el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte. Lo hizo durante una jornada celebrada en el Congreso bajo el lema Democracia en la empresa, organizada por la propia formación morada junto a algunas de sus confluencias y otras plataformas de izquierda afines. Uriarte anticipó que la reforma del Estatuto de los Trabajadores que quiere impulsar la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, facilitará la participación de los trabajadores en las empresas, tanto en la toma de decisiones como en su capital. En paralelo, la formación morada llevará al Congreso varias iniciativas para avanzar en esa dirección.

El diputado de Podemos recordó el artículo 129.2 de la Constitución, que reza que "los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas; también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción", para argumentar los cambios que pretende impulsar Díaz. Y para arremeter contra el poder legislativo por no haber "sido capaz de regular la participación de los trabajadores y el acceso al capital, por lo que el mandato (de la Carta Magna) sigue incumplido".

Yolanda Díaz no asistió a esas jornadas porque en esos momentos presentaba junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el nuevo Perte de Economía Social y de los Cuidados, que se aprobará el próximo martes y al que se destinarán 800 millones, pero desde Twitter calificó ese encuentro de "un debate necesario para el futuro del trabajo", porque "la democratización de las empresas es uno de los grandes objetivos del nuevo marco laboral, un mandato constitucional que estamos abordando".

Precisamente, fue la propia vicepresidenta segunda quien puso sobre la mesa el pasado 4 de mayo su intención de legislar la presencia de los trabajadores en los consejos de administración de las compañías. Aseguró que la participación de los empleados en las empresas se ha limitado hasta ahora "a comités de empresa y a pequeños órganos de representación colectiva. Esto tiene que cambiar".

El espejo del modelo alemán

El espejo en el que se mira Yolanda Díaz es el modelo alemán, donde se aplican fórmulas de cogestión desde 1976 en el marco de un sistema dual en el que coexisten un consejo de supervisión y un consejo de administración.

En virtud de la ley aprobada entonces, que atañe tanto a empresas públicas como privadas, los trabajadores pueden elegir representantes en el primero de esos consejos, el de supervisión o vigilancia, que no tiene poder ejecutivo, pero sí influye en las decisiones estratégicas, vigila las decisiones del consejo de administración y cuenta con acceso a las cuentas y a información sensible de la compañía.

En las compañías con más de 2.000 trabajadores, los trabajadores pueden designar a la mitad de los miembros de ese consejo, aunque su presidente, normalmente nombrado por los accionistas, cuenta con voto de calidad en caso de empate en las votaciones. En empresas con plantillas de entre 500 y 2.000 empleados, la representación se reduce a un tercio del consejo de supervisión. Pero España, donde no existe ese sistema dual, no es Alemania. La propia titular de Trabajo ha reconocido que "la manera de trabajar en España no es la misma que en Alemania", deslizando que el modelo germano no es directamente exportable a la legislación española, aunque sí el espíritu de la norma.

La participación de los trabajadores en la gestión de las empresas es una de las grandes apuestas políticas, ideológicas y electorales de Podemos, pero para su materialización tiene que vencer primero las reticencias del socio mayoritario del Gobierno, el PSOE, muy reacio a adentrarse en un terreno pantanoso.

De hecho, los socialistas se abstuvieron en diciembre pasado en la votación de una proposición no de ley de Podemos para impulsar precisamente la regulación sobre esta materia. Una puesta de perfil que, junto al rechazo de PP y Vox, tumbó la iniciativa. La propuesta de Podemos es materia altamente sensible y las relaciones entre los socios del Gobierno de coalición no atraviesan sus mejores momentos, como evidencia el hecho de que Podemos se abstuviera el jueves en la votación de la nueva Ley Audiovisual, algo que no había ocurrido en lo que llevamos de legislatura.