Hacienda se ha comprometido con Bruselas a acercar los niveles de recaudación de España a la media europea a partir del rediseño del sistema tributario ideado por su comité de expertos, pero la inflación y la guerra han dejado la medida en el aire.

27 de mayo Expansión

Culminadas la reforma laboral y la primera parte de la de las pensiones, el Gobierno tiene pendiente abordar el rediseño del sistema tributario, el tercer gran pilar de las reformas estructurales que España ha comprometido con Bruselas a cambio de las ayudas del Mecanismo de Recuperación. Aunque el pistoletazo de salida al proceso iba a ser la publicación del Libro Blanco sobre la reforma encargado por Hacienda a un comité de expertos académicos, su entrega -en el arranque de marzo- coincidió en el tiempo con la invasión de Rusia sobre Ucrania, conflicto que ha contribuido a frenar la recuperación económica tras la pandemia y a elevar la inflación. La convulsión ha sido tal que el Ejecutivo ha echado el freno al rediseño fiscal, cuyo horizonte y calado queda, de momento, en el aire.

El Libro Blanco contiene una ambiciosa batería de medidas para permitir a España reducir la brecha en los ingresos tributarios que obtiene anualmente frente a la media europea, cercana a los 40.000 millones de euros, abogando por desarrollar una fiscalidad medioambiental o tender progresivamente a un tipo único de IVA para ingresar hasta 35.000 millones adicionales. El informe también propone realizar ajustes en Sociedades e IRPF y dedica especial atención a la propuesta de armonizar la tributación autonómica fijando mínimos comunes en Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Sin embargo, al recibir el texto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, matizó que la reforma tributaria es un proyecto "a medio plazo", que se debe "acompasar a cada momento", lo que dada la situación de incertidumbre económica actual le llevó a descartar que se vaya a tomar de forma "inmediata ninguna subida fiscal".

Pese a que apartados como la armonización fiscal autonómica están comprometidos con Bruselas para el primer trimestre de 2023, el Gobierno liga ahora esta medida a la remodelación del sistema de financiación regional, que lleva años pendiente de abordar y requeriría de una larga negociación previa. Además, el Ejecutivo defiende que las medidas de alza de impuestos se pospondrán hasta consolidar la recuperación económica de la crisis del Covid, lo que tras la última revisión de crecimiento no ocurrirá hasta el próximo año.

De momento, la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales comunitarias ha dado aire a Hacienda, que ha prometido a Bruselas reducir el desequilibrio presupuestario del umbral de déficit excesivo del 3% para 2025, gracias fundamentalmente al crecimiento cíclico del PIB y la reducción del gasto asociado al Covid. En paralelo, la galopante inflación, que en marzo crecía al 9,8%, ha ayudado a disparar un 20% los ingresos tributarios en el arranque del año hasta cifras récord en el primer trimestre, lo que contribuirá a rebajar el agujero fiscal y a costear el plan de choque aprobado para paliar los efectos de la guerra.

Con todo, el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas sostiene que "el sistema tributario español, y en sentido amplio los ingresos públicos, tiene margen de crecimiento en el medio plazo" que "este Gobierno está decidido a impulsar", con alzas de impuestos y nuevas figuras. Un proceso que admite como "crucial" para garantizar "la sostenibilidad del sistema de pensiones", lo que indica que a medio plazo -a falta de ver si antes o después de las elecciones generales previstas para 2023- Hacienda planea reactivar la reforma fiscal.