El Tribunal Supremo, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha dictado sentencia Nº 760/2019, Rec. 84/2018, de 3 de junio de 2019, por la que declara la nulidad del artículo 51.2 delReal Decreto 520/2005, de 13 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
Este artículo se ocupa de regular las costas en el procedimiento seguido ante un TEA (Tribunal Económico Administrativo) y, en concreto, su apartado 2 imponía el pago de estas que, según el Supremo, en vez de costas realmente se trataba del cobro de tasas en un procedimiento que debía ser gratuito.
Dispone este apartado 2 del art. 51 lo siguiente:
"Cuando se imponga el pago de las costas, estas se cuantificarán en un porcentaje del 2 por ciento de la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado. En caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se cuantificarán en las cuantías mínimas referidas. Estas cuantías podrán actualizarse por orden ministerial".
Para el Supremo le llama “poderosamente la atención” que, “el grueso de la polémica suscitada entre las partes se centre en descubrir la naturaleza jurídica que esconde el concepto legal de "las costas del procedimiento". Discuten las partes sobre si se trata de una tasa, una medida sancionadora o cuasi sancionadora disuasoria, una prestación patrimonial de carácter público no tributario, e incluso de un recargo; lo cual resulta a todas luces superfluo, pues el concepto de "costas procedimentales" es un concepto jurídico determinado, identificado por la concurrencia de los elementos que lo identifican, aun cuando resulten indefinidos algunos de los mismos. Las costas del procedimiento -sin perjuicio de que su configuración normativa contenga dentro del conjunto de gastos unos u otros elementos, lo que en este caso se antoja especialmente conveniente de identificar, puesto que se parte del presupuesto de que el procedimiento económico administrativo es gratuito-, son sólo eso costas del procedimiento, ni son tasas, ni medidas sancionadoras, ni prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario”.
Continúa explicando que “la modificación del artículo 51.2 del RD 520/2005, introducida por el Real Decreto 1073/2017, en tanto cuantifica el importe de forma general y abstracta desvinculándolo del concreto procedimiento en el que se produce los gastos a sufragar y prescindiendo de estos, en tanto que se desconecta de los costes del concreto procedimiento, le hace perder su verdadera naturaleza, pues ya no podemos estar hablando de costas del procedimiento, sino, dependiendo de la perspectiva desde la que nos aproximemos, tal y como hacen las partes al examinar el art. 51.2, cabe identificarlas como tasa, como medida sancionadora o como prestación patrimonial de carácter público no tributario, y de ser alguna de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del procedimiento. Es la propia parte recurrida la que en definitiva viene a negar a las costas del procedimiento su condición de tal, y aboga porque se considere que los arts. 245 de la Ley y 51.2 del Reglamento establecen una prestación patrimonial de carácter público no tributario”.
Por ello, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales, y declara la nulidad del artículo 51.2 del Real Decreto 520/2005.