Bruselas
prorrogará un año más la suspensión de las reglas fiscales europeas debido a la
guerra en Ucrania, lo que aumenta el colchón acordado durante la pandemia para
exceder los límites de déficit y deuda.
Lo que parece
una decisión lógica, puede tener su parte negativa a futuro si no se aprovecha
para combinar las medidas paliativas con otras de ajuste. Sobre todo en un país
como el nuestro entre los más endeudados de la zona euro. El Banco
de España, la autoridad fiscal (AIReF) y cuantos organismos y centros de
estudios que no están sometidos a la necesidad de ganarse a la calle a corto
plazo con medidas populares no cesan de advertir al Gobierno que es
necesario un pacto de rentas que redistribuya la carga de hacer frente
a la inflación galopante y no echar más leña al fuego del déficit. Al tiempo,
piden medidas que relajen la carga impositiva sobre quienes están siendo más
perjudicados por la crisis.
Si hay un
momento para ser solidarios es el actual. Lo que no es fácil de entender es que se
pida esa moderación a los asalariados y no, por ejemplo, a los jubilados.
El Banco de España calcula que actualizar las pensiones con una inflación al
7%, nada descartable, tendría un coste de unos 12.600 millones de euros para
las arcas públicas.
20 céntimos
Tampoco parece
lógico aplicar medidas que beneficien a todos por igual, como la
rebaja de 20 céntimos en los combustibles. Aunque las prisas han impedido
adoptar medidas más selectivas, estamos demasiado acostumbrados a las
soluciones improvisadas y populares. Hacienda dispondrá de hasta 3.500 millones
de euros adicionales de recaudación por IVA por la inflación, según los
cálculos de la AIReF. Ese dinero debería ser bien utilizado.
Existe un debate
de fondo en Europa entre estados partidarios de volver a la ortodoxia
del Pacto de Estabilidad (no superar el 3% del PIB de déficit y el 60%
de deuda pública so pena de tener que adoptar medidas extraordinarias de ajuste
impuestas desde Bruselas) y otros más proclives a cambiar dichas reglas.
Estos últimos se apoyan en que la sostenibilidad de la deuda depende no solo de
su nivel en porcentaje del PIB y del déficit, sino del crecimiento futuro y de
los tipos de interés; en que existe incertidumbre sobre el crecimiento y los
tipos de interés futuros, y en que un nivel de deuda que es sostenible en un
país puede no serlo en otro.
Se flexibilicen
o no finalmente las reglas fiscales, a nadie escapa que cuando se
ingresa menos de lo que se gasta y se va engrosando la deuda durante
un periodo largo de tiempo la corrección llega tarde o temprano y se acaba
pagando con medidas externas de ajuste, con la pérdida de confianza de los
financiadores o con ambas.
Hace ya dos años
que, debido a la pandemia, Bruselas suspendió las reglas fiscales que rigen en
la Unión Europea. Ahora que da un año más de plazo para seguir con las reglas
fiscales suspendidas esperemos que la prórroga no sirva de acicate para
nuevas medidas improvisadas. En el caso español, este año estaremos dos
puntos porcentuales por encima de los que estipula el Pacto de Estabilidad en
déficit y 55 puntos en deuda.
Fuente: Expansion