Los agentes
sociales rechazan la propuesta del Ejecutivo de recortar las exoneraciones
de cuotas a las compañías que permanezcan en ERTE y subirlas para quienes
reincorporen trabajadores.
Consenso en
los plazos, pero discrepancias en las condiciones. El Gobierno y los
agentes sociales pactaron el pasado 6 de mayo extender los ERTE hasta el 30 de
septiembre una vez expire la actual prórroga a finales de este mes. Faltaba
fijar las condiciones. Aunque inicialmente se deslizó que esa nueva extensión
tendría cláusulas muy similares a las actuales -idea que defiende el ala morada
del Gobierno-, el flanco socialista quiere introducir ajustes para acelerar la
reincorporación de los casi 600.000 trabajadores que aún se encuentran en ERTE.
Para ello, el
Ejecutivo puso ayer encima de la mesa de negociación una propuesta que no gusta
ni a patronal ni a sindicatos: recortar la cuantía de las exoneraciones a la
Seguridad Social para los trabajadores que se mantengan en ERTE y elevarlas
para los que retornen a la actividad. Así lo desveló el secretario de Política
Sindical de UGT, Gonzalo Pino, quien, a poco más de dos semanas para que venza
la actual prórroga, advirtió de que esta medida representa un
"escollo" para el acuerdo.
Las patronales
también rechazan una medida que supondría primar a los que salen de ERTE en
detrimento de los que quedan, cuando los cientos de miles de trabajadores que
aún se encuentran en ese purgatorio laboral pertenecen a las empresas y
sectores más castigados por la pandemia. "Muchas empresas no pueden
incorporar a la totalidad de los trabajadores porque el nivel de actividad no
es el mismo de finales de 2019", señalan a EXPANSIÓN fuentes de Cepyme,
que subrayan que la salida de los ERTE no depende de las exenciones, sino de
que se reanude la actividad. "No es que las empresas no quieran incorporar
a sus trabajadores, es que no pueden".
Por su parte,
fuentes de la patronal madrileña CEIM advierten de que "forzar la salida
de los ERTE es un mal negocio porque hace que la empresa pierda
competitividad", y creen que lo prioritario en el actual contexto es que
las compañías que abandonen este esquema "lo hagan con actividad".
Además, los
empresarios creen que el debate debe ir mucho más allá de las bonificaciones y
piden flexibilidad para adaptar sus plantillas a la nueva realidad económica.
"Debemos hablar también de las empresas que no pueden mantener el nivel de
plantilla que tenían antes de la crisis, pero se niegan (el Gobierno) y las
abocan a cerrar antes de modificar su modelo político de ERTEs", señalan
las fuentes de Cepyme, que avisan de que "las sanciones que llevan las cláusulas
de mantenimiento del empleo, que no se han implantado en ningún país de la UE,
lastrarán a muchas empresas".
No es la primera
vez que el Ejecutivo plantea el debate de primar las bonificaciones para la
reinserción laboral en detrimento de los que permanecen en ERTE, pero el
énfasis del Gobierno en este punto es cada vez mayor, aunque no compartido en
el seno de la coalición del PSOE y Podemos. De hecho, la vicepresidenta tercera
y ministra de Trabajo, la morada Yolanda Díaz, defiende mantener esta
salvaguarda del empleo en sus condiciones actuales. "Lo que funciona bien
no tiene sentido que lo cambiemos", reiteró ayer desde Coruña. Los
principales defensores de primar los incentivos a la reincorporación son la
vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el ministro de Inclusión y Seguridad
Social, José Luis Escrivá, que desde hace semanas insisten en esta vía.
"Lo que tenemos que hacer es ajustar los parámetros para estimular la
reactivación, para favorecer la reincorporación de los trabajadores",
apuntaba Calviño ya a principios de abril, mientras que Escrivá insistió hace
unos días en la necesidad de "un diseño específico de los ERTE" que
incentive la reactivación de los trabajadores.
El esquema de
los ERTE en vigor fija exoneraciones de cuotas para los sectores ultra
protegidos y empresas de su cadena de valor del 85% en el caso de compañías con
menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50, tanto para
empleados reincorporados como para suspendidos.
En los ERTE por
impedimento de actividad, las exoneraciones son del 100% para empresas con
menos de 50 trabajadores y del 90% para las que tienen más de 50 trabajadores
en plantilla, mientras que en los expedientes de limitación de actividad las
exenciones son decrecientes hasta mayo de 2021. Para empresas de menos de 50
trabajadores, las exoneraciones fueron del 100% en febrero, del 90% en marzo y
del 85% en abril y serán del 80% en mayo. Para las que tengan más de 50
empleados, estos porcentajes son del 90%, del 80%, del 75% y del 70%,
respectivamente. Eso sí, a cambio de estas bonificaciones no pueden despedir
hasta 6 meses después de finalizado el ERTE.