La Eurocámara y los 27 sellan un acuerdo político para establecer las reglas que garanticen a todo trabajador de la UE unas condiciones salariales mínimas, aunque sin fijar un umbral.

8 de junio 2022 Fuente: Expansión

Fue una de las promesas estelares de Ursula von der Leyen antes de su llegada a la presidencia de la Comisión Europea allá por julio de 2019: si era elegida, impulsaría un marco legal que garantizase que cualquier trabajador del club comunitario percibiera un salario mínimo que le permitiese mantener un nivel de "vida decente". Casi tres años después, la semilla plantada por Von der Leyen empieza a germinar. Lo hace con retraso porque en 2020 sobrevino la pandemia, con la que, sin solución de continuidad, se ha solapado después la crisis por la guerra en Ucrania. A pesar de ello, el Consejo Europeo y la Eurocámara han alcanzado un pacto político para fijar ese marco legal comunitario que promueva en los países miembros de la UE unos salarios mínimos adecuados "para garantizar un nivel de vida digno". "Las nuevas reglas protegerán la dignidad del trabajo y asegurarán que el trabajo se pague", afirmó ayer Von der Leyen, celebrando un acuerdo con el que se da cumplimiento a su promesa, aunque el acuerdo, alcanzado por los negociadores técnicos, aún debe ser refrendado por los líderes de los 27 y el Parlamento Europeo.

La futura directiva, propuesta por Bruselas en octubre de 2020, no fija un umbral salarial mínimo para los 27, lo que sería poco menos que imposible ante la disparidad económica y de rentas en el bloque, sino que se limita a señalar la posibilidad de aplicar "valores de referencia indicativos comúnmente utilizados internacionalmente" como el 50% o el 60% del salario medio bruto de cada país. Ese último porcentaje es al que se ha aferrado el Gobierno de Pedro Sánchez para encadenar cuatro subidas consecutivas del SMI en España. Pero si la norma no habla de cantidades, sí establece unas reglas de juego comunes en virtud de las que cada Estado miembro deberá evaluar si el salario mínimo fijado en su país es el adecuado para garantizar un nivel de vida digno atendiendo a las condiciones socioeconómicas, los niveles de productividad o el poder adquisitivo. No son recomendaciones. La norma obligará a los países del bloque a fijar un sistema de aplicación que incorpore mecanismos de control, supervisión e inspección "para garantizar el cumplimiento" y hacer frente a la subcontratación abusiva, el falso trabajo autónomo o las horas extra no registradas.

En la actualidad, el salario mínimo existe en 21 de los 27 países del bloque. En los otros seis (Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia), los niveles salariales se fijan mediante la negociación colectiva. En el caso de Italia, los sindicatos se apresuraron ayer a reclamar al Gobierno de Draghi que apruebe un salario mínimo en el país.

Entre los que sí cuentan con un SMI, la horquilla es muy amplia: desde los 332 euros mensuales de Bulgaria, el país con el salario mínimo más bajo, a los 2.257 euros de Luxemburgo, el que lo tiene más alto. España, con 1.000 euros mensuales (1.166 si el total se divide en 12 pagas, como lo contabiliza Eurostat), es ya el séptimo país de la UE con el SMI más elevado tras la fuerte subida de 2019 (de 735,9 a 900 euros), a la que siguieron otras tres de menor cuantía. El sexto es Francia, con 1.603 euros al mes y el quinto Alemania, con 1.621.

La UE quiere que la negociación colectiva juegue un papel importante a la hora de fijar salarios mínimos. De hecho, establece que aquellos países en los que la tasa de cobertura de la negociación colectiva sea inferior al 80% deberán poner en marcha planes para elevar ese porcentaje. Bruselas parte de la premisa de que los países con gran cobertura de negociación colectiva tienden a tener una proporción menor de trabajadores con salarios bajos, menos desigualdad salarial y unos sueldos más elevados. La propia Von der Leyen aseguró hace un año, durante una visita a Madrid para anunciar la aprobación del plan de recuperación español, que la forma de elevar el SMI era mediante acuerdos en el diálogo social. El último incremento, sin embargo, se aprobó pese al rechazo de los empresarios.