El Parlamento
Europeo y el Consejo acuerdan sumarse al proyecto de la OCDE que ya sigue la
mayoría de Los estados miembros, entre ellos, España, el llamado 'Country by
Country Report'.
La Unión
Europea (UE) obligará a las multinacionales que facturen más de 750
millones de euros a informar de cuánto pagan en impuestos en cada uno de los 27
Estados miembros. Así lo han acordado el Parlamento Europeo y el Consejo, que
representa a los países, en un pacto político que, una vez sea confirmado
formalmente, pondrá en marcha una iniciativa que llevaba cinco años sobre la
mesa a partir de un proyecto de la OCDE que ya sigue la mayoría de los Estados
miembros, entre ellos, España, el llamado Country by Country Report, con más
alcance.
El acuerdo
llega en un momento en el que la UE no quiere quedarse descolgada del
impulso global a favor de una mayor contribución fiscal de las multinacionales
ante la expectativa de lograr un pacto en la OCDE para fijar un mínimo global
de Impuesto sobre Sociedades y cambiar el modo en que se decide dónde deben
tributar las empresas.
Según lo
acordado en la noche del martes, las multinacionales que facturen anualmente
más de 750 millones de euros tengan su sede en la UE o fuera de ella, deberán
publicar un informe que detalle cuánto tributan por sus ingresos en cada Estado
miembro.
Deberán
además desglosar cuánto abonan en aquellas jurisdicciones que figuren en la
lista negra de paraísos fiscales de la UE, que enumera aquellos territorios que
no cumplen los estándares mínimos de cooperación y transparencia fiscal, o en
los que llevan dos años consecutivos en la llamada lista gris, el repertorio de
aquellos que no cumplen, pero se han comprometido a enmendar su legislación.
El Parlamento
había pedido exigir un desglose global, informando de todos los países en los
que tributase cada multinacional, mientras que el Consejo prefería que la
obligación sólo afecte a la actividad en los Estados de la UE.
Las empresas
tendrán que proporcionar información sobre sus actividades, su número de empleados,
los beneficios o pérdidas antes de impuestos, los impuestos abonados y las
ganancias acumuladas. La obligación afectará también a las filiales, sin
importar el tamaño, si se considera que existen solo para ayudar a la matriz a
eludir estos requisitos, según indicó el Parlamento.
Los bancos no
se verán afectados por la nueva norma puesto que ya están obligados a
proporcionar estos datos.
El acuerdo
introduce una cláusula de salvaguarda que permitirá a las empresas retrasar
durante cinco años la publicación de cierta información, informó el Consejo en
un comunicado. No obstante, se ha pactado también a petición de la Eurocámara
hacer una revisión tras los cuatro primeros años de aplicación de la norma para
ver cómo está funcionando.
"La
ciudadanía tendrá la capacidad de conocer en tiempo real, de forma
comprensible, accesible y gratuita, los datos básicos de las empresas que
operan en la UE y facturan más de 750 millones de euros", celebró el
eurodiputado socialista español Ibán García del Blanco, uno de los responsables
parlamentarios y negociador de la legislación.
"Nos habría
gustado que el Consejo se comprometiera con una mayor transparencia, pero hemos
logrado desbloquear el acuerdo y acercar nuestras posiciones", añadió.
El 80% del
traslado de beneficios se produce entre países de la UE, recordó la
Eurocámara. Una vez entre en vigor, los Veintisiete tendrán año y medio para
trasladar la norma a su legislación nacional. Varias organizaciones defensoras
de la transparencia fiscal consideraron que el acuerdo carece de ambición.
"La lista europea de paraísos fiscales tiene profundos errores",
advirtió Transparencia Internacional UE.
La vicepresidenta
segunda para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, celebró ayer el acuerdo.
Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Lituania, Liechtenstein, Letonia,
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, República Eslovaca,
Eslovenia, Suecia y Reino Unido ya estaban adheridos al Country by Country
Report de la OCDE, que también incluye a Andorra, Gibraltar o a las Islas del
Canal. España se sumó en 2016 y lo ha adaptado por ley interna, que obliga a
declarar el Modelo 231. En 2017, la Agencia Tributaria recibió las
declaraciones de 112 grupos con matriz española y 14.996 filiales, con un tipo
medio del 19%.
Fuente: Expansion