El Gobierno prevé que la futura reforma fiscal entre en vigor en el primer trimestre de 2023, una vez que se hayan evaluado la recomendación del comité de expertos, que entregará su "libro blanco" en febrero de 2022.

Según recoge la ficha de fiscalidad del Plan de Recuperación, el comité de expertos tendrá revisar el sistema tributario actual -con criterios como la suficiencia, la equidad o la internalización de efectos ambientales- y proponer reformas necesarias tanto el momento actual como en el futuro.

En concreto, el Gobierno ha encargado al comité que preste "especial atención" a la fiscalidad ambiental, la imposición societaria, la economía digital, la armonización de la tributación patrimonial y las actividades económica emergentes.

Las reformas, advierte la ficha, tendrán que "calibrar" el momento económico para que su implementación no frene la recuperación económica mientras avanza a la aproximación de los niveles de ingresos de otros países europeos.

El componente del plan especifica algunas posibles medidas, por ejemplo, la modificación del impuesto de sociedades para gravar la economía digital "más allá" del actual tributo sobre determinados servicios digitales, que califica de "medida transitoria".

También sugiere que se pueden "crear nuevas figuras tributarias que graven los comportamientos nocivos con el medio ambiente" o mejorar "la imposición sobre la riqueza" ante la falta de información sobre el patrimonio de las personas y la necesidad de garantizar un nivel de tributación "mínimo y coordinado" que evite la "competencia fiscal" entre comunidades autónomas.

El componente 27 del Plan está dedicado a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, en el que se incluyen medidas como la ley de lucha contra el fraude, que prevé que entre en vigor en el segundo trimestre de 2022 y que se complementará con medidas para la estandarización de las obligaciones de facturación de pymes y autónomos.

Otras reformas pasan por la modernización de la Agencia Tributaria, tal y como prevé su plan estratégico 2020-2023 o la aprobación de códigos de buenas prácticas para pymes autónomos, en línea con los que ya existen para grandes empresas o asesores fiscales.

El Gobierno también prevé potenciar la asistencia al contribuyente, por ejemplo, permitiendo la descarga directa de datos en la declaración del impuesto de sociedades como bases imponibles negativas pendientes de compensar o información obtenida de otras administraciones tributarias.

Fuente: Expansion