12
de marzo 2022 Expansión
La inflación marca un nuevo máximo histórico. Los precios han subido un
7,6% en el último año y la inflación subyacente (esto es, eliminando el efecto
de los alimentos y productos energéticos) un 3%.
Estamos hablando de las mayores cifras de incrementos de precios desde
1986, tras la mayor crisis económica que ha sufrido nuestro país en las últimas
décadas, y de la cual, por cierto, aún no nos hemos recuperado. También debemos
recordar que esta cifra casi cuadruplica el objetivo del Banco Central
Europeo.
Difícilmente se puede justificar esta situación por la guerra de Ucrania.
Veamos algunos ejemplos: La electricidad, que explica la mitad del
crecimiento anual, ha reducido su precio un 0,6% con respecto al mes de enero;
la calefacción, alumbrado y distribución de agua, que ha crecido un 51,7% en el
último año, ha registrado un dato positivo de "sólo" el 0,9% en
términos mensuales; y los aceites y grasas, que también han aumentado su precio
un 28% con respecto a febrero de 2021, lo ha hecho un 0,5% con respecto a enero
de 2022.
La estanflación en España era un fenómeno previo a la
invasión de Ucrania. ¿Qué cabe esperar ahora? El petróleo ha
duplicado su precio con respecto al año pasado, el resto de los productos
energéticos también experimentan una evolución exponencial, el índice de
precios industriales continúa registrando un crecimiento de casi el 36% y no da
síntomas de cambiar la tendencia; los costes laborales (SMI incluido) continúan
al alza; las cadenas de valor a nivel global continúan rotas... ¿en qué cabeza
pensante cabe un escenario distinto al de la hiperinflación en España? Subir
precios es una decisión muy difícil para cualquier empresario, y no exenta de
riesgos. Pero en el contexto actual se hace inexcusable.
La inflación es el impuesto de los pobres, y en un entorno de
represión financiera como el actual, aún más. ¿Por qué? Porque los depósitos
bancarios son el instrumento más usado por las clases más desfavorecidas
(probablemente porque apenas tienen acceso a otro) y, sin embargo, la inversión
es un instrumento para protegerse de la inflación muy usado por las más
pudientes.
Por ejemplo: Si el IPC ha
subido un 7,8% en el último año, para que nuestros ahorros no pierdan poder
adquisitivo hemos tenido que generar rendimientos de, al menos, el 7,8%. El
dinero puesto en una cuenta corriente ha generado 0. Dicho de otra manera,
quien no ha podido invertir ahora es un 7,8% más pobre.
Por lo tanto, el efecto sobre la renta disponible es directo y afecta a las
clases medias, cuyo consumo y ahorro se verá indudablemente mermado.
El poder adquisitivo medido en términos reales, además, también se verá
mermado. Ningún salario va a crecer al ritmo al que lo está haciendo la
inflación, ni mucho menos las pensiones. Por lo tanto, esta diferencia entre el
crecimiento del salario y el crecimiento de la inflación es pérdida de poder
adquisitivo.
Quien más se beneficia de la inflación es el Gobierno. De hecho, el año pasado registramos una cifra
récord de recaudación tributaria gracias a este efecto. Pero también tiene efectos
negativos: El incremento de costes y partidas vinculadas a esta subida de
precios (salarios públicos o pensiones, por ejemplo) supone un aumento del
gasto estructural que lo hace insostenible y que se irá directo a déficit
público. Y debemos recordar que el FMI ya advertido de que nuestro déficit
estructural (independiente del ciclo económico) ya es del 4%.
La inflación no es buena para nadie, supone un empobrecimiento a cámara
lenta y la destrucción de las clases medias, y pone en jaque la sostenibilidad
de las finanzas públicas en un contexto de ausencia de reformas. La gran
pregunta es: ¿qué podemos esperar a partir de ahora?
En primer lugar, un endurecimiento de las condiciones financieras.
El BCE ya ha advertido de que probablemente a final de año se acaben todas las
compras de deuda pública. Esto, para un país con más de un 120% del PIB de
deuda pública, y al que el máximo organismo monetario compra más del 100% de la
emisión neta de deuda, es un motivo de especial preocupación.
En materia fiscal, es necesario revertir todas las políticas de incremento
de impuestos que llevamos arrastrando durante años y que son las principales
responsables de que la inflación en España sea casi 2 puntos más alta que en la
Unión Europea. Desgraciadamente, lo poco que sabemos del Gobierno va en la
dirección contraria: Intervenir aún más mercados estratégicos y
acudir a un pacto de rentas. Conseguir un compromiso de los empresarios de
mantener los precios congelados temporalmente y de los sindicatos para que las
subidas de salarios sean moderadas sólo puede funcionar en un escenario: Si el
Gobierno se compromete a rebajar los impuestos. Si, por ejemplo, se reducen un
50% los impuestos al carburante, su precio, que ahora oscila los 2 euros,
pasará automáticamente a estar en 1,50 de nuevo.
España debe acertar en su política económica ahora, o lo pagaremos los
ciudadanos durante las próximas décadas. Hay muchas decisiones que nada tienen
que ver con Ucrania y que debemos adoptar por responsabilidad
nacional, sentido de Estado y visión de futuro.
Daniel
Rodríguez Asensioes consultor estratégico y
presidente de Acción Liberal Think Tank For Freedom.