La autoridad afea al Gobieno no haber tenido voz para elegir el gasto público que debe fiscalizar. Herrero reclama más pesonal del ámbito académico y privado y libertad para usar su presupuesto.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) reclama más personal para desarrollar su labor de control y tener voz en la decisión del gasto público que debe evaluar, entre el que aspira a incluir los 140.000 millones de euros en avales dados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la pandemia.

Así lo trasladó ayer la presidenta de la autoridad fiscal, Cristina Herrero, recordando que la evaluación del gasto público forma parte de los compromisos adquiridos con Bruselas a cambio de las ayudas europeas. El Componente 29 del Plan de Recuperación español se centra, de hecho, en la revisión de las políticas públicas, lo que se ha traducido en la creación de una división específica de la Airef de evaluación del gasto público que hará permanente los planes de spending review, o revisión del gasto, con carácter quinquenal. Herrero afeó al Gobierno, sin embargo, que aunque el Plan reconoce a la Airef voz en la elección de las políticas públicas a evaluar, de momento no se les ha dado capacidad de decidir. "Nuestra evaluación tiene que centrarse en políticas relevantes y de corte transversal", lo que engloba ante todo "sanidad, educación, políticas activad de empleo, fiscalidad, medio ambiente o I+D+i", ilustró.

"En este momento pare darse una apuesta sobre evaluación de políticas públicas", y el gasto público, en el sentido de lograr "una forma más eficaz y eficiente de lograr los objetivos" tras los brutales efectos de la pandemia, aseveró Herrero, recordando que "en la crisis de 2018 no apostamos por evaluación de políticas públicas sino por reducción del gasto público, no por conseguir eficiencia o calidad de finanzas públicas, sino por conseguir los objetivos fiscales buscados".

"Es necesario poner el foco en gastar mejor, no necesariamente en gastar menos, en beneficio de los ciudadanos y la calidad democrática del país. La actividad pública tiene que esta fiscalizada, y la prioridad es dar transparencia a qué se dedican los recursos públicos, y transmitir a los ciudadanos la dificultad que entraña la gestión pública", añadió presidenta de la Airef.

De momento, recordó, la Airef ha llevado a cabo dos fases de control del gasto. Una primera centrada en subvenciones, incluyendo becas, incentivos a I+D+i, gasto farmacéutico o políticas activas de empleo, que analizó el uso 32.000 millones de euros; y una segunda sobre farmacia hospitalaria, servicios tecnológicos sanitarios e incentivos a la contratación, infraestructuras ferroviarias e incentivos fiscales por un valor total de 58.000 millones. En paralelo, se estudió el gasto público autonómico en Sanidad, políticas activas de empleo, Educación y otras áreas de interés a petición de las autonomías por 3.200 millones.

De cara a 2022, la Airef trabaja evaluar el Ingreso Mínimo Vital, para lo que aún necesita luz verde final de Hacienda; y una tercera fase del spending review centrado en los instrumentos de apoyo a sectores productivos y la gestión de residuos urbanos (por 13.850 millones).

A futuro, Herrero prevé evaluar las mutualidades y aspira a revisar los 140.000 millones de euros en avales del ICO, mandato que sobreentiende que tendrá de los anuncios oficiales pero que no les ha sido aún confirmado. El Gobierno cifra en un 9% su riesgo de impago.

En paralelo, Herrero adujo que la Airef cuenta con 55 trabajadores, requiere al menos 10 más y pidió poder contratar en el ámbito académico y privado en lugar de ceñirse a funcionarios dada su falta de experiencia en la fiscalización de cuentas. Para resolverlo reclamó autonomía para usar el presupuesto de la Airef. Herrero recordó que la reactivación de las reglas fiscales en 2023 puede requerirles más personal, pues aspira a tener un mayor papel de control, y tildó de "simplista" que el Gobierno espere a su puesta en marcha para diseñar un plan de consolidación fiscal.

Finalmente, la presidenta de la Airef advirtió a las administraciones que voluntariamente hacen encargos a la autoridad es "no poner trabas a la obtención de información necesaria", por lo que propone firmar convenios con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Seguridad Social el INE, y profundizar en el ya existente con el Banco de España. A su vez, Herrero reclama un reconocimiento legal de su potestad de acceder a los datos estadísticos para blindar su labor.

 Fuente Expansion