Según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), el Gobierno tiene "voluntad" de agilizar los acuerdos para que el Congreso apruebe el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal antes de julio.

Hace ya siete meses que el Consejo de Ministros aprobó el nuevo proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que, de superar el trámite parlamentario, traería grandes cambios en materia de control tributario para todos los contribuyentes, y especialmente para los autónomos y empresas. Entre las principales medidas que afectarían al colectivo están la limitación de los pagos en efectivo entre profesionales de 2.500 a 1.000 euros; la prohibición del ‘software de doble uso’ para ocultar los ingresos reales; o la reducción de los recargos sobre las sanciones durante los primeros meses por pagar impuestos a Hacienda fuera de plazo.

Desde el pasado 10 de octubre, cuando el Gobierno dio luz verde al paquete, este proyecto quedó en un limbo legal, aprobado por Consejo de Ministros, pero pendiente de su aprobación por el Congreso. Tras siete meses de espera, con todo un paquete de medidas fiscales atascadas, el proyecto de ley podría convertirse muy pronto en norma. Al parecer, el reciente envío del Gobierno a Bruselas del componente de lucha contra el fraude enmarcado en su Plan de Recuperación, que incluye estas medidas- y el fin del periodo de sesiones en el Congreso a partir de julio, podrían acelerar los acuerdos entre los grupos parlamentarios para la aprobación del proyecto.

Al menos, esa es "la intención que tiene el Ministerio de Hacienda. Lo que nos han traslado desde el mismo departamento es que quieren que este proyecto de ley entre en vigor en el segundo trimestre del año. Es decir, antes de julio. Para ello, se tendría que alcanzar un acuerdo con los grupos parlamentarios para su aprobación en la Comisión de Hacienda", explicó José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

De momento, lo cierto es que los acuerdos para sacar adelante la norma, aunque parecen estar encarrilados, no se han cerrado. "Pero hay voluntad por parte del grupo socialista para que se alcance ese consenso y haya una mayoría parlamentaria suficiente para que el proyecto pase directamente, aquilatado y revisado, de la Comisión de Hacienda al Senado para que lo ratifique y se publique directamente en boletín. La voluntad por parte del grupo mayoritario, el partido socialista, está ahí. Y nos consta que estaría dispuesto a transigir en algunos puntos para llegar a un acuerdo cuanto antes", añadió el secretario general de Gestha.

Medidas que afectan a los autónomos y podrían entrar en vigor antes de julio

Si así fuera finalmente, y el Gobierno cumpliera su voluntad de alcanzar un acuerdo en el Congreso y aprobar el proyecto antes de que decaigan las sesiones parlamentarias, "el grueso de las medidas entrarían en vigor antes de julio, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto es así por norma general, salvo en las disposiciones finales que pueden entrar en vigor más tarde. Tal cosa podría ocurrir en algunos preceptos, como por ejemplo los referidos a las SICAVS, cuya entrada en vigor se podría posponer", apuntó el secretario del sindicato de técnicos de Hacienda. 

También sería el caso de otras medidas como la limitación de los pagos en efectivo entre profesionales, "que, aun aprobándose antes de julio necesitarían un periodo de adaptación. Y, estando de por medio el verano, con la llegada de turistas, es posible que se pospusiera su entrada en vigor a septiembre, por ejemplo", dijo Mollinedo.

A expensas de posibles cambios y la aprobación del proyecto por el Congreso, éstas serían, en principio, las novedades en materia fiscal que podrían afectar a los autónomos a partir de julio. 

Los pagos en efectivo no podrán superar los 1.000 euros

Entre las medidas más importantes estaría la de rebajar el límite permitido en los pagos en efectivo. La ley establecería un nuevo tope para las operaciones entre profesionales y empresarios pasando de 2.500 a 1.000 euros. De la misma manera que con la prohibición del software de doble uso, la intención del Gobierno es restringir cualquier posible vía que facilite el fraude fiscal. En este sentido, castiga los pagos con dinero efectivo por ser operaciones “más difícilmente rastreables”.

Así que, de aprobarse la nueva normativa, los abonos en metálico no podrán superar el límite de 1.000 euros. Esto podría repercutir, por ejemplo, en los pagos a los proveedores por parte de muchos autónomos que se verían obligados por la nueva normativa a pagar mediante transferencias bancarias.

Precisamente para no perjudicar a este colectivo, el Gobierno pretende “minimizar los daños colaterales” de esta nueva imposición. Lo hará manteniendo el límite de 2.500 euros, actualmente vigente, en aquellos casos en los que haya un particular de por medio. Eso sí, también reduce el límite de pago en efectivo en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España, pasando de 15.000 a 10.000 euros. 

Lucha contra los softwares de doble uso

Los 'software de doble uso' son programas informáticos que permiten a los comercios y las empresas llevar una doble contabilidad, ocultando la facturación real a Hacienda y, en consecuencia, tributando por una cantidad menor a la que les corresponde.

El sistema es incluso capaz de emitir tiques del importe íntegro de la compra sin que el ingreso quede reflejado en las cuentas oficiales del negocio, por lo que el consumidor tampoco percibirá que está pagando en “B”. 

El nuevo proyecto de ley del Gobierno traería nuevas medidas para reducir este fraude. El Ejecutivo quiere reforzar las medidas de vigilancia y de sanción, aplicándolas tanto a quien crea estas soluciones digitales – programadores informáticos – como a quien las usa. Así, todos los sistemas informáticos empleados para la contabilidad de empresas y negocios tendrán que contar con una certificación del Ministerio de Hacienda.

Dicha certificación incluirá una serie de especificaciones técnicas que todavía deben ser regularizadas y que obligarán a que los sistemas informáticos de contabilidad se ajusten a unos requisitos que “garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones”.

Reducción de los recargos por presentar impuestos fuera de plazo

Otra de las novedades más importantes que está actualmente recogida en el proyecto de ley sería la reducción de las sanciones a los contribuyentes que presenten fuera de plazo, pero sin requerimiento previo por parte de la Agencia Tributaria, sus declaraciones de impuestos como IVA, IRPF o Sociedades, entre otros.

Esto afectará especialmente a los autónomos que en algún momento sobrepasen la fecha límite de presentación y abono de sus autoliquidaciones. De entrar en vigor el artículo 27 del proyecto de ley contra el fraude, el recargo pasará a ser "del 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido".  

Es decir, se pretende que no haya cambios tan bruscos como hay ahora mismo de un mes a otro, ya que un autónomo que presente con un día de retraso su declaración trimestral de IVA tendría el mismo recargo que uno que lo haga con dos meses y medio de retraso. Sin embargo, si lo presentara a los tres meses y medio pasaría a tener, de golpe, del 5% al 10% de penalización.

No obstante, con el nuevo sistema, cada mes sería un 1% más durante los doce primeros meses, lo que podría animar a los contribuyentes a no esperar y pagar más tarde sus declaraciones porque les salga al mismo precio devolver los impuestos en el primero que en el segundo mes.

Aumenta de la reducción de sanciones por conformidad y pronto pago

Así mismo, el proyecto eleva las reducciones a las que pueden optar los contribuyentes, tanto por conformidad como por pronto pago.  De este modo, se eleva del 50% al 65% la reducción de la sanción impuesta en el caso de que haya un acta de acuerdo.

También se aumenta del 25% al 40% la reducción cuando se realice el abono del importe total de la sanción en periodo voluntario 'pronto pago'-.