La Agencia Tributaria intensifica sus sanciones contra firmas inactivas que no presentan las cuentas anuales buscando limpiar el censo empresarial y facilitar la detección de sociedades pantalla.

10 de junio 2022 Fuente: Expansión

Uno de los pilares del Plan Anual de Control Tributario de 2022 es avanzar en la limpieza del censo de empresas a fin de facilitar la fiscalización de aquellas con actividad real, limpiando el bosque de aquellas inactivas o fantasma que puedan ocultar las diseñadas exclusivamente para aprovechar indebidamente beneficios fiscales o sirvan de sociedades pantalla para entramados fraudulentos. A tal fin, el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha una campaña sistemática de sanciones sobre aquellas empresas inactivas que incumplen su obligación de registrar las cuentas anuales, según reveló ayer el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

"Las sociedades inactivas tienen la obligación de declarar el Impuesto de Sociedades y de registrar sus cuentas", explicó ayer el presidente del REAF, Agustín Fernández, durante la presentación del informe Declaración del Impuesto de Sociedades 2021. "Esto no es nuevo, pero en el proceso de colaboración para la depuración del censo que la Agencia Tributaria mantiene con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y los Registros Mercantiles, se están revisando cuáles no presentan sus cuentas y aplicando procedimientos sancionadores".

Fernández detalla que Hacienda diseñó esta campaña antes de la pandemia, y ya viene revocando el NIF a aquellas empresas que no cumplen con sus obligaciones formales. Sin embargo, los asesores fiscales han detectado que "los procedimientos sancionadores hasta la fecha eran pocos, pero en este primer semestre del año hemos visto que sí que están funcionando esta campaña".

El reto que encara Hacienda no es menor, puesto que en España hay 1,6 millones de empresas sujetas al Impuesto de Sociedades, de las que "cerca del 65% de las declaraciones presentadas tienen bases imponibles negativas o de cero euros, estando inactivas 390.683 entidades en 2019, casi una cuarta parte del censo", detalla el documento del REAF. "Por lo tanto, a pesar la labor de depuración que viene llevando a cabo la Agencia Tributaria, todavía una parte muy importante del censo de contribuyentes por este impuesto está constituida por entidades que están pendientes de liquidarse", añade, asumiendo que "seguramente esto se irá reduciendo en el futuro también por las sanciones que impone el ICAC a las entidades que incumplen la obligación mercantil de depósito de cuentas anuales".

En este sentido, desde el REAF recuerdan a los contribuyentes la necesidad de cumplir sus obligaciones formales incluso en el caso de firmas disueltas sin liquidación, en procesos de fusión o escisión, para evitar que las cuentas no estén presentadas ante el registro antes del cierre de cada ejercicio e instan a declarar el impuesto aún con cuota cero. "Hasta que no se produzca la baja en el Registro Mercantil, las sociedades están obligadas a presentar autoliquidación", recuerdan.

En paralelo, el Plan Anual de Control Tributario detalla que la Agencia Tributaria prevé reimpulsar las inspecciones presenciales una vez superada la pandemia poniendo especial foco en centros empresariales, espacios de coworking y otros "nidos de sociedades", en los que en ocasiones aparecen domiciliadas centenares de firmas para comprobar su existencia y actividad real, a fin de acabar con las empresas fantasma.

EL 90% DE LOS ASESORES FISCALES INSTA A DEFLACTAR EL IRPF ANTE LA INFLACIÓN

Los asesores fiscales desaprueban mayoritariamente el plan del Gobierno para tratar de paliar la crisis inflacionista agravada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Así lo demuestra al menos la tercera edición de la encuesta sobre el sistema tributario español realizada por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), elaborada entre unos 5.000 profesionales de este campo y publicada ayer, que indica que un 82,4% del colectivo considera inadecuada la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante aprobada para compensar parte del alza de los hidrocarburos. Aunque la encuesta no indaga en sus reparos, la medida ha sido criticada por el Banco de España por beneficiar más a las rentas altas que a las bajas, lo que ha llevado a una discusión en el seno del Gobierno de coalición para analizar su modificación en la prórroga de tres meses que prevé impulsar desde julio. Más allá, el 73,4% de los encuestados cree que las rebajas fiscales a la electricidad impulsadas por Hacienda tampoco son la respuesta más adecuada. Finalmente, un 90% de los asesores fiscales defiende la necesidad de deflactar periódica y automáticamente los impuestos afectados por la inflación, incluyendo actualización de tramos y mínimos del IRPF, a lo que el Gobierno se niega.

En paralelo, la encuesta revela que el 70% de asesores ha visto aumentar las consultas sobre cambios de residencia fiscal a otras regiones o países, de las que temen que cerca de la mitad sean movimientos ficticios para tributar menos.