El Gobierno prevé subir las pensiones un 6% y los
sueldos de funcionarios un 2% en 2023. Aspira a rebajar el déficit al 5% este
año y por debajo del 3% en 2025 sin reforma fiscal.
30
de abril 2022 Expansión
España se comprometió el viernes por escrito ante
la Comisión Europea, en el
Programa de Estabilidad, a seguir reduciendo el enorme agujero presupuestario
generado durante la pandemia. El Gobierno asegura que, sin necesidad de
acometer medidas fiscales, gracias básicamente al rebote del PIB y la reducción
del gasto asociado al Covid, rebajará el agujero del umbral de déficit excesivo
del 3% en 2025. Aunque efectivamente el documento no incluye nuevas medidas
impositivas, el texto plantea que "el sistema tributario español, y en
sentido amplio los ingresos públicos, tiene margen de crecimiento en el medio
plazo" que "este Gobierno está decidido a impulsar", acercando
la recaudación a los umbrales europeos con alzas de impuestos y nuevas figuras.
"Este proceso es crucial", admite, dado que "la sostenibilidad
del sistema de pensiones depende de este incremento de ingresos".
Después de todo, la reforma de las pensiones impulsada por el Ejecutivo le obliga a
revalorizar las pensiones con el IPC medio anual y el nuevo cuadro macro prevé
un deflactor del consumo del 6,1% en 2022. La Airef estima que cada punto de
inflación encarece las pensiones en 1.500 millones, lo que apunta a una factura
cercana a los 10.000 millones solo el próximo año, que se consolidan ya a futuro.
Más allá, el Programa de Estabilidad reconoce que "el gasto público total asociado al
envejecimiento de la población se incrementaría" en dos puntos
porcentuales entre 2030 y 2050, coincidiendo con el incremento de la tasa de
dependencia como consecuencia de la jubilación de las generaciones del baby
boom, para caer después.
En paralelo, el Gobierno baraja una subida del sueldo de los funcionarios en línea con
la inflación de 2023, esto es cercana al 2%, lo que también eleva la carga de
gastos.
De otra parte, el Ejecutivo avanza a la UE un
incremento extraordinario en el Presupuesto de Defensa de 2023 con el objetivo
de alcanzar el 2% del PIB en 2030.
De momento, para tratar de contener esta factura
creciente, el Gobierno ultima la
segunda fase de la reforma de pensiones que, traslada a Bruselas, supondrá
elevar gradualmente las bases máximas de cotización (y posteriormente las
pensiones máximas) y adecuar el periodo del periodo de cómputo para el cálculo
de la pensión.
Más allá, para hacer frente a estos gastos, el
Ejecutivo avanza a Bruselas que de cara al futuro baraja subidas fiscales en el
plano digital, medioambiental y autonómico, así como rebajas de las
bonificaciones y exenciones, una vez que se consolide la recuperación
económica.
De momento, admite, aprovechará el margen que
ofrece la suspensión de los objetivos de déficit y deuda. "Las reglas
fiscales siguen suspendidas este año, como ya ocurrió en 2020 y 2021, decisión
que nos ha permitido amortiguar los efectos de la pandemia, acelerar la recuperación
económica y la creación de empleo", expuso el viernes la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que pese a esta ventaja su compromiso
con la consolidación fiscal es pleno.
Así lo demuestra, dijo, que tras saltar del 3% al 10,3% del PIB en
2020 para hacer frente a la pandemia, el déficit público se rebajara el año
pasado hasta el 6,8%, una reducción inédita. Esta mejora, concedió Montero,
tuvo mucho que ver con un alza de la recaudación que fue del 15%, en un
escenario de inflación al 3%.
Para 2023, pese a que la expectativa es que el
alza de precios se duplique, el avance de la recaudación se limitaría al 7,4%,
detalló Montero, asegurando que el 80% del incremento de los ingresos públicos
descansa en el avance del PIB y del empleo, y no en la inflación como le afea
el PP.
Con todo, aunque el avance de la recaudación es
superior al de la actividad
(4,3%), el salto del PIB nominal (8,1%) por efecto de la inflación permitirá
"rebajar ligeramente la presión fiscal de este año". Los ingresos
totales caerán del 43,8% al 42% del PIB. Dentro de ellos, las cotizaciones
sociales crecerán un 3,8% en 2022, al 13,7% del PIB.
Por su parte, el gasto público reducirá su peso
del 50,6% al 47% del PIB, al sumar al rebote de la actividad el efecto de retirar
algunas de las medidas asociadas a la pandemia, en especial la factura de los
ERTE. Es más, su sustitución por el mecanismo RED facilitará una reducción del
desempleo estructural de 280.000 trabajadores que reduciría el déficit
estructural en 3.870 millones (0,31 puntos de PIB), dice el Gobierno.
A partir de ahí, Montero dibujó una nueva senda fiscal, que respeta los grandes trazos de
la anterior, en la que el déficit se rebajará del 6,9% al 5% este año, al 3,9%
en 2023, al 3,3% en 2024 y al 2,95% en 2025.
A su vez, la deuda pública, que se disparó del
95,5% al 120% en 2020, cedió al 118,4% en 2021 y pasaría al 115,2% este año, al
112,4% en 2023, el 110,9% en 2024 y el 109,7% en 2025. Pese a la magnitud de
las cifras (que superan con mucho el umbral límite del 60%), la vicepresidenta
primera y titular de Economía, Nadia Calviño, defendió que la absorción de la
deuda por parte de la Administración Pública ha protegido al sector privado en
la pandemia.
Fuente: Expamsión