El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) propuso este miércoles dedicar a incentivar políticas activas de empleo de la mujer, especialmente la mujer casada y monoparental, 1.035 millones de euros que se recaudarían con la eliminación de las declaraciones conjuntas que el Gobierno plantea en un anexo sobre igualdad de género incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea.

Según explicó Gestha, esta cantidad corresponde al exceso de regresividad que tienen las reducciones vigentes en las rentas por encima de 18.732 euros, la mediana de los ingresos brutos de las declaraciones conjuntas.

La idea lanzada por el Ejecutivo -que en los últimos días ha matizado que no es una reforma en firme, sino una medida planteada por la Airef y que deberá ser tenida en cuenta por el Comité de Expertos para la reforma fiscal- responde al argumento de que las declaraciones conjuntas desincentivan la entrada de la mujer en el mercado laboral.

Ante esta posible medida, Gestha plantea recuperar el sistema vigente entre 1999 y 2006, “cuando el incentivo fiscal consistía en incrementos del mínimo personal según el tipo de unidad familiar y de las características de sus miembros”. En su opinión, “esta solución trataría a todas las unidades familiares por igual, con independencia de su nivel de ingresos, de la misma forma que hoy ocurre con los hijos o las situaciones de discapacidad”.

Gestha estima que en 2020 podrían presentarse 3,37 millones de declaraciones conjuntas, es decir, el 16,5% de los 20,83 millones que se esperan en esta campaña. Asimismo, apunta que el importe de la reducción por tributación conjunta habrá disminuido un 8,6% durante el bienio 2019-2020 como consecuencia de la paulatina inclusión de la mujer en el trabajo.

Además, Gestha indicó que “la serie histórica demuestra un continuado retroceso del coste de este beneficio, alterado entre 2011 y 2013 por la recuperación de la crisis financiera, hasta que en 2017 el coste de la tributación conjunta se estima en 2.156 millones”.

Sobre el posible cambio, los técnicos señalaron que los declarantes cuya renta sea tal que el tipo efectivo es cero o negativo no se beneficiarían de la reducción, pero que, en cambio, la mitad de los declarantes con mayor renta serían los más perjudicados, al acumular el 85% del coste recaudatorio total, que en el caso del 10% de mayor renta neta acumula el 21,5% del coste.

En este sentido, los técnicos aclararon que la tributación conjunta supone un ahorro fiscal para todos los hogares en los que el segundo perceptor no aporta ingresos o aporta hasta un máximo del 10% de los ingresos totales y que, conforme el segundo perceptor tiene mayores ingresos, interesa más la tributación individual que la conjunta.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “este beneficio fiscal no incentiva la participación laboral de los segundos perceptores de renta -principalmente mujeres con salarios bajos-, lo que acentúa los problemas de las dos brechas de género en España, donde las mujeres aún cobran 5.000 euros menos que los hombres, y la participación de la mujer en el trabajo es cerca de diez puntos porcentuales menor que la tasa de empleo masculina”.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, proponen dedicar 1.035 millones de euros, el 48% del coste en 2017 -último año del que se disponen de datos-, que se recaudarían con el cambio de tributación de las declaraciones conjuntas a incentivar políticas activas de empleo de la mujer, singularmente de la mujer casada y monoparental, después de que el Gobierno se haya comprometido a sustituir las actuales bonificaciones en el IRPF alegando que no incentivan la entrada de la mujer en el mercado laboral (se adjunta anexo con datos desglosados por comunidades autónomas y provincias).

Esta cantidad corresponde al exceso de regresividad que tienen las reducciones vigentes en las rentas por encima de 18.732 euros (la mediana de los ingresos brutos de las declaraciones conjuntas, esto es el nivel de ingresos donde se divide la mitad de los declarantes en la modalidad conjunta por encima y por debajo de ese punto).

De este modo, los técnicos adelantan que se podría recuperar el sistema vigente entre 1999 y 2006, cuando el incentivo fiscal consistía en incrementos del mínimo personal según el tipo de unidad familiar y de las características de sus miembros. Y es que, en su opinión, esta solución trataría a todas las unidades familiares por igual, con independencia de su nivel de ingresos, de la misma forma que hoy ocurre con los hijos o las situaciones de discapacidad.

Gestha estima que en 2020 podrían presentarse 3,37 millones de declaraciones conjuntas, es decir, el 16,5% de los 20,83 millones que se esperan en esta Campaña. Y que el importe de la reducción por tributación conjunta habrá disminuido un 8,6% durante el bienio 2019-2020 como consecuencia de la paulatina inclusión de la mujer en el trabajo.

Y es que la serie histórica demuestra un continuado retroceso del coste de este beneficio, alterado entre 2011 y 2013 por la recuperación de la crisis financiera, hasta que en 2017 el coste de la tributación conjunta se estima en 2.156 millones.

Tabla 1. Serie histórica de Beneficiarios y Coste

Beneficiarios y Coste en las CCAA de régimen común

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, a partir de los datos de la AIREF y AEAT

No obstante, estas familias no se verían afectadas de la misma manera con el cambio. Los técnicos explican que los declarantes cuya renta sea tal que el tipo efectivo es cero o negativo no se beneficiarían de la reducción. En cambio, añaden que la mitad de los declarantes con mayor renta serían los más perjudicados porque acumulan el 85% del coste recaudatorio total, que en el caso del 10% de mayor renta neta acumulan el 21,5% del coste. Y que cuanto mayor sea el tipo marginal del contribuyente, mayor sería esta reducción.

En este sentido, los técnicos aclaran que la tributación conjunta supone un ahorro fiscal para todos los hogares en los que el segundo perceptor no aporta ingresos o aporta hasta un máximo del 10% de los ingresos totales. Y que conforme el segundo perceptor tiene mayores ingresos, interesa más la tributación individual que la conjunta, “punto de corte” que las familias con las rentas más altas alcanzan antes.

Tabla 2. Puntos de corte a partir de los cuales no interesa presentar la declaración conjunta

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, a partir de los datos de las tablas de la AIREF

Con respecto a los beneficiarios según la edad, Gestha detalla que estos se concentraron en 2020 entre los contribuyentes que obtienen la mayor renta en cada hogar, es decir, los que oscilan entre los 48 y los 57 años.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “este beneficio fiscal no incentiva la participación laboral de los segundos perceptores de renta (principalmente mujeres con salarios bajos), lo que acentúa los problemas de las dos brechas de género en España, donde las mujeres aún cobran 5.000 euros menos que los hombres, y la participación de la mujer en el trabajo es cerca de 10 puntos porcentuales menor que la tasa de empleo masculina”.