Sociedades,
Planes de Pensiones, Matriculación, Tabaco y Autónomos entre las subidas de los
Presupuestos
20 DE OCTUBRE DE
2021. 08:30H Natalia Obregón
Los Presupuestos
Generales del Estado para 2022 no solo se conocerán como alguno de los más
expansivos que se recuerdan. También porque el aumento de la recaudación fiscal
no llegará solo del esperado repunte del crecimiento, también lo hará de la
mano del incremento de la presión fiscal.
IMPUESTO DE
SOCIEDADES
El Gobierno
incluye para el año que viene en los Presupuestos un tipo mínimo en el impuesto
de Sociedades del 15%, en línea con el acuerdo liderado por la OCDE, pero se
adelanta al resto de países, en su implantación. 136 estados prevén hacerlo,
pero en 2023, una vez recuperados de la crisis pandémica.
El Ejecutivo
espera recaudar 400 millones anuales con esta medida, que, sin embargo, solo se
producirá cuando se liquide 2022. La recaudación real del año que viene será
inferior a los 50 millones. Afectará a unas 1.000 empresas, aunque reconoce
Hacienda el escaso impacto recaudatorio que tendrá y por tanto que habrá
cambios en el futuro. De hecho, los técnicos de Hacienda (GESTHA) rebajan esa
cantidad a recaudar a 260 millones porque se calcula sobre la base imponible de
las grandes sociedades.
PLANES DE
PENSIONES
El incremento
fiscal para los contribuyentes en 2022 no solo se debe a la subida de
impuestos. La rebaja de los beneficios fiscales también es una forma indirecta
de aumentar la presión fiscal. De ahí que las ventajas sobre los planes de
pensiones individuales se queden en la mínima expresión: 1.500 euros al año de
los 2.000 anteriores, ya rebajados drásticamente en 2021.
El Gobierno
trata de esta forma de fomentar los planes de pensiones privados colectivos,
pero castiga el ahorro privado con un instrumento del que, salvo en casos muy
determinados y extremos, no se puede recuperar el dinero hasta 2025, diez años
después de la primera aportación. En el bolsillo de los ahorradores supondrá un
montante de 91 millones perdidos.
IMPUESTO DE
MATRICULACIÓN
El próximo 1 de
enero no entrará en vigor el controvertido impuesto sobre los vehículos diésel,
pero sí se incrementará el impuesto de Matriculación. Las nuevas tarifas
vendrán determinadas por los cambios porcentuales sobre las emisiones de CO2.
Según Sumauto,
en dinero supondrá un aumento de 12 euros en una letra mensual en un coche
comprado a plazos y dobla la estimación de hace un año. Un incremento que el
sector automovilístico considera que será un lastre añadido al bajo nivel de
compra en el canal de particulares, que en septiembre bajaba ya en el año un
9,7%, agravado por la escasez de chips.
El efecto para
un coche medio de 19.081 euros, según datos de la Agencia Tributaria, con
emisiones de 160 g/km de CO2 que antes pagaba un 4,5% ahora pagará en un
porcentaje del 9,75. Es decir, pasará de pagar 859 euros por ese concepto a
abonar por el impuesto de matriculación 1860 euros.
IMPUESTOS
ESPECIALES
También habrá
aumento de los denominados impuestos especiales sobre el tabaco en torno a un
5,5% que ya anticipa, como están haciendo algunas marcas, un aumento del precio
del tabaco. De hecho, un tercio de todo lo recaudado por este concepto, los
especiales, provendrá del tabaco, unos 6.880 millones de euros en 2022.
AUTÓNOMOS
Es una de las
sorpresas de la letra pequeña de los PGE 2022. Hablamos de una subida de 8
euros al mes desde el próximo ejercicio, ya que la base de cotización mínima
será de 960,60 euros y el tipo será de 30,60%. Esto supondrá de facto un
incremento de entre 96 euros y 225 anuales si hablamos de un autónomo
societario. Con una cuota que alcanzará, como base mínima, los 294 euros para
los más de 1,8 millones de autónomos que cotizan por ella. Y la Seguridad
Social recaudará, en conjunto, 173 millones de euros más por este concepto.
Todo ello a cuenta de la subida del SMI.
EMPRESAS DE
ALQUILER
Tal y como
ocurre con los planes de pensiones, hay otras bonificaciones fiscales que se
reducen drásticamente en los presupuestos del año próximo. Hablamos de las
referidas al impuesto de sociedades para empresas que se dedican a arrendar
viviendas. Baja del 85 al 40%, un adelanto de la Ley de Vivienda acordada entre
el PSOE y Unidas Podemos, pero que ya se incluye en los presupuestos.