Hasta un millón de empleos pueden desaparecer en
la administración pública con el proceso de digitalización
Gestha 7 de mayo 2022
La digitalización es «asunto de Estado». El 20%
del presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por el
que se canalizan los fondos europeos para recuperar la economía tras la
pandemia sufrida, están dedicados a programas vinculados con la «robotización»
de la economía. En este primer semestre del año deben estar listas las
convocatorias de digitalización por un valor conjunto de 2.275 millones de
euros como parte del desembolso de los fondos Next Generation EU. En
total, están previstas 83 actuaciones relacionadas con este capítulo hasta
junio, entre los que se incluyen desde la compra de equipamiento informático a
campañas de publicidad.
Ya se está apretando el acelerador con la
licitación de contratos por 620 millones de euros, frente a los 2.100 millones
que saldrían entre abril y junio. El Instituto Nacional de Ciberseguridad
(Incibe) será el organismo que concentre la mayor convocatoria, con 260
millones de euros previstos para el primer trimestre y destinados a reforzar el
sector, según la hoja de ruta publicada por el Gobierno. La Comisión
Europea aprobó recientemente una partida de 47,5 millones del fondo europeo de
recuperación para impulsar la digitalización y optimización de los procesos
logísticos en las terminales portuarias y estaciones ferroviarias, así
como la utilización de tecnologías para la identificación y trazabilidad de
material rodante y unidades de transporte intermodal.
Al margen de los programas de infraestructuras
–como la segunda edición del programa Único Banda Ancha, que contará de nuevo
con 250 millones de euros en ayudas para llevar conectividad rápida a las zonas
rurales– dentro de los 750 millones para la extensión del 5G y la
transformación digital se incluye a las entidades locales y a la administración
central, saturada como consecuencia del aluvión de programas, subvenciones
y ayudas aprobadas durante la pandemia.
Funcionarios robots FOTO: ANTONIO CRUZ
En este contexto, el Ministerio de
Economía contempla literalmente en un documento una primera partida de «400
robots virtuales que se integran con el software existente» en la
administración para liberar a los empleados públicos de tareas rutinarias como
el cribado de subvenciones, ayudas y todo tipo de expedientes para que puedan
realizar tareas de «mayor valor añadido».
La irrupción de los robots y de la digitalización
avanzada en la administración pública significará la desaparición de hasta un
millón de puestos de trabajo en las administraciones públicas españolas, según
apuntan en el estudio «El futuro del Trabajo en la Administración Pública»
Andrés Pastor y Pedro Nogales, de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. Esa cifra se fundamenta en los trabajos de los profesores Frey y
Osborne de la Universidad de Oxford, quienes determinaron que casi la
mitad de los puestos de trabajo en EE UU estaban amenazados por los robot,
y su traslación al mercado español por CaixaBank Research y BBVA Research, con
resultados parecidos: sobre 19,5 millones de ocupados, entre 4,9 y 5,5 millones
de puestos de trabajo tendrían una probabilidad alta de automatizarse.
De hecho, en la administración el proceso ya está
en marcha. En la Seguridad Social ya se emplea la automatización
robótica de procesos para sustituir tratamientos manuales en la
tramitación de alta de autónomos, consiguiéndose reducir en más de un 80% el
tiempo de procesamiento en el proceso robotizado con respecto al equivalente
manual.
Un robot software no descansa, puede
realizar trabajo durante la noche o los fines de semana y es posible
introducir nuevos robots inmediatamente para atender picos de trabajo o
incrementar la producción hasta dónde sea necesario. Todo ello a un coste muy
inferior al del salario de un empleado público, lo que afectará al equilibrio
de las plantillas en un momento en el que se prevé una salida masiva de
funcionarios por jubilación en los próximos diez años. Los sindicatos
temen que la avalancha de jubilaciones sea paliada, al menos en parte, con
robots y exigen ya refuerzos de carne y hueso.
España es el tercer país de la OCDE con la
plantilla pública más envejecida, en particular la Administración Central, que
cuenta con un más del 50% de la plantilla entre los 50 y 59 años y un 17% que
supera los 60 años. Casi 1 de cada 3 personas (más de 6.000 efectivos) se
jubilarán en 5 años y 2 de cada 3 en un decenio. «Si en 15 años no entra nadie
en la Seguridad Social nos quedamos menos del 20% de la plantilla», denunciaba
Ignacio Galán, secretario general de la sección estatal de Seguridad Social de
CC OO. «En Madrid falta ya casi el 33% de la plantilla», añadía. En los
próximos 12 años se van a jubilar de forma natural alrededor de un millón de
empleados públicos. Especialmente llamativa es la situación de la
Seguridad Social, que los sindicatos CSIF, CC OO y UGT califican de «siniestro
total».
En conjunto, la situación más extrema se da entre
los empleados de la Administración General del Estado. Según el último Boletín
del personal al servicio de las administraciones públicas, el número de
empleados públicos al cierre de julio de 2021 es de 2.728.749. De estos, más
de la mitad (59,54%) presta servicio en el sector público de las comunidades
autónomas, seguido de un 21,53% en el sector público de la Administración Local
y el 18,92% en el sector público del Estado. Un 53,62% es personal
funcionario de carrera, un 22,36% es personal laboral y el resto del personal
(personal funcionario interino, personal eventual y otro personal) supone un
24%.
Es en la Administración General del Estado donde
claramente predomina el personal funcionario de carrera, que supone un 81,75%
sobre el total, frente a un 52,42% en las CC AA y un 32,22% en la
Administración Local, donde predomina el personal laboral. Según esos datos, apenas
el 14% del personal al servicio de la Administración del Estado tiene menos de
40 años, el 43,54% entre 50 y 59 años y un 17,68% entre 60 y 64 años. En
total, los empleados públicos con más de 50 años alcanzan nada menos que el
64%.
En los próximos 10 años, el 51% de los
funcionarios se jubilará,
incluidos los de las comunidades autónomas, lo que da una idea de la necesidad
de captar talento y reforzar las estructuras del Estado. Las Administraciones
Públicas perderán en los próximos cinco años 330.800 funcionarios por
jubilación y, a lo largo de la próxima década, la previsión es que 905.100
alcancen la edad de retiro, lo que supone el 30% de la plantilla actual. Las
cifras recogidas por un estudio de Adams Formación a partir de datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE) elevan la sangría de empleados públicos
hasta 1,41 millones en los próximos 15 años, el 44% del total de empleados públicos.
La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF) ha criticado en numerosas ocasiones el abuso de la
interinidad en las administraciones públicas, que asciende a una tasa del
28,2%, dos puntos por encima del sector privado (25,9%). Prácticamente uno de
cada cuatro asalariados del sector público es temporal. Esta proporción se
dispara a medida que se reduce la edad. Solo 7.000 (0,2%) tienen menos de 20
años, en cuyo caso, la temporalidad asciende al 99,77%. En este sentido, y
teniendo en cuenta la avalancha de jubilaciones, CSIF reclama, con motivo de
las oposiciones convocadas para la Administración del Estado, un plan de
recursos humanos a medio plazo para reforzar las plantillas.
Actualmente, la edad media de incorporación al
servicio público en la Administración General del Estado es de 35 años (en 2016
era de 33 años), mientras en el sector privado es de 26 años. Así, entre los
ocupados menores de 30 años, hay un empleado público por cada 10 del sector
privado, mientras que entre los ocupados de 50 o más años hay un empleado
público por cada 3,4 del sector privado. Según el estudio, la Administración de
la Seguridad Social se lleva el galardón a la plantilla más envejecida, ya que
el 76% de sus empleados (19.800 trabajadores) tiene 50 o más años. En la Administración
Central, más del 40% de sus 542.200 efectivos ya ha alcanzado o superado los 50
años de edad. En cuanto a las comunidades autónomas, medio millón de
sus empleados se habrán jubilado en 10 años, el 29% del total de la plantilla,
y 172.000 en Ayuntamientos y otros entes locales, el 26% del personal actual.
Respecto a las empresas e instituciones públicas, en 10 años se habrá jubilado
un tercio de su plantilla compuesta por los 147.400 efectivos.
Poco atractivo a los jóvenes
La solución a este escenario pasa por atraer mejor
al talento y a las personas más jóvenes. La clave para Adams Formación es
conseguir «que perciban el empleo público como una alternativa profesional». Lo
cierto es que ser funcionario cada vez resulta menos atractivo. Solo el
13% de los españoles preferiría trabajar en el sector público si pudiera
elegir, porcentaje ocho puntos inferior al de 2019, según una encuesta recogida
en la «Guía Laboral Hays 2020». La opción preferida para trabajar es
la gran empresa multinacional para un 48% de los encuestados, dos puntos más
que en 2019. Le siguen las empresas nacionales (14%), el sector público (13%),
ser autónomo (13%) y las pymes (12%). El motivo principal es la ambición de
tener un recorrido profesional y no estancarse en un funcionariado.
La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones
públicas, ha rechazado la oferta de empleo público de 2021 porque es
insuficiente para hacer frente a los graves problemas estructurales en la
Administración General del Estado. Miguel Borra, presidente de CSIF,
considera que las anunciadas 30.455 plazas «genera solamente 2.500 plazas
netas» y ha indicado que «sería necesario recuperar al menos los 50.000 puestos
perdidos los últimos 10 años».
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)
también ven insuficiente la convocatoria de empleo público para la AEAT
a la hora de paliar las bajas por jubilación de los próximos años, pese a
que la oferta aprobada este martes por el Consejo de Ministros sea en total un
8,5% superior a la del año pasado. En concreto, los Técnicos de Hacienda
alertan de que entre 2021 y 2023, año electoral, se jubilarán 2.017 personas,
situación que se agudizará en las dos siguientes legislaturas en las que se
jubilarán otros 5.797 y 5.726 empleados, respectivamente. Es decir, en 2031 se
habrá jubilado el 54,2% de la plantilla actual de la AEAT.