La Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) vigila los accesos a
expedientes de contribuyentes que los técnicos no pueden justificar, es decir,
aquellos que no tienen que ver con parte de su trabajo. Cada año y según los
datos de las memorias anuales de la AEAT, el organismo pide la
justificación de alrededor del 80% de esos accesos y si no se pueden
justificar, los técnicos de Hacienda se enfrentan a sanciones que pueden
suponer la suspensión de empleo y sueldo durante varios años, según
explica Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda
(Gestha) a este periódico. En este sentido, desde Gestha dan por inválida la
teoría de que Pablo Casado, presidente del Partido Popular recibió datos
tributarios del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso.
Cruzado recuerda que cualquier acceso a este tipo de información "queda registrado" y "es difícil pensar que hayan
podido ser filtrados por un funcionario de la Agencia Tributaria porque queda
rastro del funcionario que ha accedido y desde luego y si no se
corresponden con datos que deba manejar por los expedientes asignados, es un
problema serio el que puede tener".En relación a este asunto, la AEAT ha
incoado 97 expedientes disciplinarios desde 2014, año desde el que
se facilita este dato en la Memoria anual. Aunque la cifra ha ido descendiendo,
sigue siendo una práctica registrada y que es contraria al reglamento que deben
seguir estos funcionarios. En 2020, último año disponible, se sancionaron 4
accesos injustificados. En 2017, el año con mayor número de expedientes, se
sancionaron 22 accesos. Fueron 8 en 2019 y 2018; 20 en 2016, 18 en 2015 y 17 en
2014.En el documento correspondiente a 2020, la AEAT explica que "cada vez
que un usuario accede al sistema de información corporativo para una consulta o
para una actividad de gestión, debe declarar el motivo del acceso.
Cualquier acceso a información tributaria de carácter personal
queda registrado junto con un conjunto de
datos técnicos y administrativos que permiten conocer su contexto y facilitar
su posterior control". "Si el controlador considera que se trata de
un acceso indebido grave o muy grave, puede iniciarse, en su caso, un
expediente disciplinario", añaden. Es decir, los funcionarios de los que
queda un registro de la consulta de un dato de un contribuyente en particular
deben poder justificar que ese acceso está relacionado con los
expedientes en los que está trabajando, resumen desde Gestha.
Esta comprobación que se realiza desde auditoría interna, se enmarca en el trabajo de la Comisión de Seguridad y Control
de Informática Tributaria. Por ello, descartan la filtración por parte de un funcionario.
Independientemente de cómo llegó la información a Génova, los contratos entre
la Comunidad de Madrid y las empresas vinculadas al hermano de la presidenta de
la región han desatado una crisis en el Partido Popular que se ha saldado con
varias dimisiones, entre ellas la del secretario
general del partido, Teodoro García Egea. Varias formaciones políticas
llevaron a la fiscalía la denuncia por los contratos y este martes
Anticorrupción abrió diligencias de investigación. Por su parte, la portavoz
del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, fue
preguntada sobre si la Agencia Tributaria investigaría los contratos entre la
Comunidad de Madrid y las empresas vinculadas al hermano de la presidenta.
Rodríguez respondió que el caso ya había llegado a las autoridades
correspondientes y añadió que Moncloa colaboraría con la Justicia "como
siempre hace el Gobierno".a
Fuente Gestha