Las empresas tendrán una reducción de las
cotizaciones sociales de hasta 115 euros al mes -1.380 euros al año- por
trabajador. Deducciones de hasta 10.500 euros de ahorro para el empleado.
Finalmente, el Gobierno ha elevado a 115
euros la reducción máxima de la cotización social por trabajador y mes que
puede hacer la empresa en su aportación a los planes de pensiones.
Esta cuantía supone 35 euros más en la reducción de las cotizaciones
sociales que los 80 euros que había previsto el ministro de Seguridad
Social, José Luis Escrivá, en los últimos borradores que presentó a
la patronal y los sindicatos en sus negociaciones sobre el proyecto de
ley de planes colectivos de empleo de promoción pública, que aprobó
ayer el Consejo de Ministros.
Por lo tanto, en un año, una empresa que haga aportaciones al plan de pensiones de los
trabajadores podrá reducir de su parte de la cotización social hasta
1.380 euros al año por cada uno. Según la Seguridad Social, esta cuantía
supone un ahorro por salario medio para la empresa de 400 euros por
trabajador al año.
Este es uno de los estímulos a las
empresas y los trabajadores con los que el Gobierno quiere relanzar
los planes colectivos de pensiones en las empresas -también conocidos
como planes de empleo-, complementarios a la prestación de la
Seguridad Social. Con ello, el Ejecutivo tiene los siguientes objetivos en la
década que termina en 2030. En primer lugar, que el número de
suscriptores de estos planes pase de dos a diez millones de personas. Y, en
segundo lugar, que el ahorro en estos planes pase desde los 35.000
millones de euros de ahora a los 200.000 millones de euros.
El Gobierno quiere que la ley esté aprobada en
junio, para poder entrar en vigor
en enero del próximo año. En consecuencia, y además de la ya mencionada
reducción de las cotizaciones sociales que podrán hacer las empresas por
aportar a los planes de pensiones de sus trabajadores, otras medidas
importantes que contiene el proyecto de ley de planes colectivos de pensiones
de promoción pública son las siguientes:
¿Cómo será la deducción fiscal por
la aportación a los planes de pensiones? La base imponible se puede reducir hasta un 30% para el salario
medio. El trabajador podrá superar la aportación de la empresa en el plan de
pensiones. No obstante, el empleado tendrá un límite en función de lo que ponga
la compañía. En conjunto, no podrán superar los 10.500 euros al año de ahorro
con deducción fiscal. Como ejemplo, si la empresa aporta 500 euros al año -42
euros al mes-, el trabajador podrá elevar su aportación en 2,5 veces lo que
ponga la empresa. Es decir, hasta 1.250 euros. A estas cifra hay que sumar los
1.500 euros que tienen los planes individuales como límite de ahorro deducible.
Por lo tanto, la suma de todas las aportaciones arroja una cuantía máxima de
3.250 euros que el trabajador podrá deducirse al año en el Impuesto sobre la
Renta. Otro ejemplo: si la empresa aporta al plan de pensiones del
trabajador 2.000 euros al año, o 166 euros al mes, el empleado podrá igualar
esta cantidad, más los 1.500 euros que se fijan como límite máximo deducible en
los planes de pensiones individuales. La suma de todas las aportaciones da una
cuantía máxima deducible de 5.500 euros al mes.
¿Cuál es la deducción fiscal máxima
de los autónomos? La
cantidad que podrán deducirse los autónomos en el Impuesto sobre la Renta por
tener un plan de pensiones en un año será de hasta 5.750 euros al año. Esta
cantidad es la mitad de los 10.500 euros como techo máximo deducible en los
planes colectivos.
Cómo serán las comisiones de
gestión de los planes de pensiones. En este caso, las comisiones no podrán superar un techo del 0,5% del
fondo gestionado. Con ello, el Gobierno pretende introducir competencia en el
mercado, y rebajar las comisiones del sector financiero, que se sitúan en torno
al 1,5%. No obstante, el proyecto de ley emplaza al Gobierno a la elaboración
de un próximo reglamento en el que se pongan los límites de las comisiones que
tengan las gestoras y las entidades depositarias, como los bancos.
¿Quiénes pueden promover los planes
de pensiones? Podrán
promoverlos las empresas incluidas en los acuerdos sectoriales dentro de la
negociación colectiva. El Gobierno quiere extender esta fórmula de la previsión
a través de los convenios. Hay que tener en cuenta que los planes de pensiones
son un instrumento también de moderación salarial. Son retribución diferida
para el trabajador. Además, también podrán promover estos planes de pensiones
las asociaciones de autónomos, aunque no será necesario ser un socio de estas.
También las administraciones y las empresas públicas.
¿Cuáles son los colectivos de
trabajadores a los que el Gobierno quiere dirigir estos planes? Como se dice antes, precisamente, el principal
objetivo de la reducción de las comisiones en la gestión de los planes tiene
como fin abaratar el producto y, con ello, animar al ahorro a los salarios
medios y bajos. Y, por lo tanto, también a las pequeñas y medianas empresas y a
los autónomos. El Gobierno también quiere que puedan entrar en estos planes los
ayuntamientos. El Gobierno central y las comunidades autónomas ya tienen planes
de pensiones.
¿Quién controlará los planes de
pensiones de promoción pública? La
financiación de los planes es privada, pero la máxima autoridad de control de
los fondos de pensiones, donde se integran los planes, será el Gobierno. Una
Comisión Promotora y de Seguimiento de los fondos de pensiones seleccionará las
entidades gestoras y depositarias, supervisará la estrategia de inversión a
largo plazo, la constitución de los fondos de pensiones y el nombramiento de
los miembros de la Comisión de Control Especial del fondo. La Comisión
Promotora y de Seguimiento estará formada por nueve funcionarios. De ellos,
cinco pertenecerán a la Seguridad Social. Los cuatro consejeros restantes, con
una relación de uno por cada Departamento, pertenecerán a los ministerios de
Trabajo, Economía y Transformación Digital, Hacienda y Función Pública, y al
Ministerio de Transición Ecológica. Todos ellos del área económica del
Ejecutivo, como no puede ser de otra manera.
¿Qué es la Comisión de Control
Especial de los Fondos Públicos? Será
el órgano en el que estarán representadas las organizaciones empresariales y
sindicales. Su composición, de trece miembros, será la siguiente: cinco
representantes del Ministerio de la Seguridad Social. Otros ocho miembros,
repartidos a partes iguales, entre las organizaciones empresariales y
sindicales. Su mandato durará seis años, y cada tres años se renovará la mitad
de ellos más uno. Bajo la supervisión de la Comisión Promotora y de Seguimiento
de los fondos, la Comisión de Control Especial se encargará de la política de
inversión de cada fondo, el examen de la actuación de la gestora y la
supervisión de la misma.
Entrada de las gestoras medianas y
pequeñas. Finalmente, el
Ejecutivo ha suprimido los límites mínimos que había puesto de gestión de
capital y de fondo de solvencia, lo que facilita que puedan concurrir entidades
medianas o colegios profesionales a la gestión de los fondos y planes de
pensiones. Más allá de los grandes bancos y sus entidades.
LAS ASEGURADORAS ARREMETEN CONTRA LA REFORMA DE
LOS PLANES
Unespa, la patronal de las compañías aseguradoras
y reaseguradoras, arremetió ayer duramente contra el proyecto de ley del
Gobierno de promoción de los fondos y planes de pensiones de promoción pública.
Unespa, que forma parte de la CEOE, dijo que, con su proyecto, el Gobierno
"ha desaprovechado una ocasión para revisar el sistema de pensiones".
La presidenta de la asociación empresarial, Pilar González de Frutos, criticó
la reducción de las cotizaciones sociales que ha decidido el Gobierno para las
empresas que aporten a los planes de pensiones. En su opinión,
"lamentablemente, dichos incentivos distan de ser relevantes. Los importes
que resultan de la fórmula propuesta en el proyecto de ley son deducciones de
la base de cotización, por lo que su efecto en los costes salariales es mucho
menor". En opinión de la industria aseguradora, "estas deducciones
resultarán insuficientes para generalizar el ahorro en el ámbito de las
relaciones laborales". Unespa "también considera un error" que
el Ejecutivo haya reducido de 8.000 a 1.500 euros la cuantía del ahorro
individual en un plan que puede ser deducible en el Impuesto sobre la Renta.
Medida que fue aprobada también en los Presupuestos Generales del Estado. Para
González de Frutos, con estas medidas sobre los planes de pensiones, "el
Gobierno ha cercenado la capacidad de los ciudadanos de preparar su jubilación
a título particular". Es más, Unespa avisó al Ejecutivo de que "los
sistemas de empleo propuestos tardarán lustros -tal vez, incluso décadas-, en
alcanzar velocidad de crucero, pues su adopción queda sujeta a la negociación
colectiva". La crítica de Unespa contrasta con la afirmación que hizo
Escrivá de que con el proyecto de planes colectivos de pensiones ha
"acomodado posiciones con la industria" para mejorar la norma, con un
cuidado extremo por el uso de dinero público.
Fuente Expansión