4 MAR. 2022 EXPANSION

El grupo de expertos para la reforma tributaria propone gravar más la riqueza, crear impuestos medioambientales para ingresar 15.000 millones y avanzar hacia un tipo único de IVA, que empiece a gravar operaciones bancarias, por 20.000 millones más.

El Gobierno tiene ya en sus manos la hoja de ruta de una reforma fiscal planteada para adaptar el modelo impositivo a la realidad económica del siglo XXI y, sobre todo, para elevar la recaudación de España a los umbrales de referencia de la Unión Europea. Diez meses después de su creación, el pasado 12 de abril, el comité de 17 expertos académicos conformado por el Ministerio de Hacienda con este objetivo concluyó definitivamente ayer su encargo al publicar El Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. Se trata de un documento de 788 páginas y 128 propuestas de actuación que, en resumen, aboga por elevar ya el gravamen sobre la riqueza para costear la factura de la crisis del Covid-19, y por ir avanzando a medio y largo plazo en el desarrollo de impuestos medioambientales y un tipo único de IVA que podrían elevar la recaudación española en unos 35.000 millones de euros.

La cifra, en la parte alta de la horquilla potencial que arrojan el abanico de opciones propuestas, permitiría prácticamente cerrar el diferencial de ingresos tributarios con la UE. El propio informe destaca que los ingresos públicos del conjunto de administraciones públicas españolas vienen arrojando de forma estable el equivalente al 38,2% del PIB del país, con lo que en 2019, antes de que la pandemia trastocara todos las variables, la recaudación española se situaba 3,9 puntos porcentuales por debajo de la media aritmética de las economías de la UE, es decir, a más de 40.000 millones de distancia.

En todo caso, las recomendaciones del comité son solo un "menú de opciones" a disposición de la clase política planteadas además bajo la premisa de que cerrar la brecha fiscal con la UE es una carrera "a largo plazo", defendió el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y director de laboratorio de la Fundación Alternativas, think tank de referencia para el PSOE. Es más, el grupo subraya "la necesidad de consolidar primero la recuperación económica antes de poner en marcha las reformas", y es consciente de que las secuelas de la pandemia unidas a la inestabilidad introducida por la invasión rusa de Ucrania desaconsejan seguir sus recomendaciones a corto plazo. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aclaró ayer al recibir el documento que descarta una "subida fiscal inmediata" ante la incertidumbre de la guerra.

El comité, del que ha sido secretario Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), y que en los últimos meses ha sufrido el abandono de dos miembros por diferencias con el grupo (el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, y el de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio), no habría recibido presiones externas, solo aportaciones, según su presidente. A falta de ver si la inestabilidad económica y el calendario electoral condenan al informe a un cajón, como le ocurrió al emitido por la Comisión Lagares en 2014, estas son sus principales propuestas:

IVA

La recomendación de mayor calado del documento a efectos recaudatorios es la que atañe al IVA, que en España tiene un tipo general del 21%, pero también uno reducido del 10% y uno superreducido del 4%, que hacen que el peso de sus ingresos sobre el consumo sea el más bajo de la UE exceptuando a Italia y Rumanía. El 55% del beneficio fiscal de estos tipos bajos, además, lo aprovechan el 40% de hogares con mayor renta. El comité propone "la elevación gradual de los tipos impositivos reducido y superreducido a partir del momento en que se haya consolidado la recuperación económica, hasta converger con el tipo general", que eso sí, se abre a modular a la baja. España mantendría su actual nivel de ingresos siempre que ese nuevo tipo único fuera superior al 15,4%, e ingresaría hasta 17.123 millones extra si se mantuviera en el 21%. La operación, eso sí, se plantea muy a largo plazo y de forma progresiva, fijando además como "condición sine qua non" la "compensación" a rentas bajas por el impacto sufrido, mediante deducciones en IRPF, por ejemplo.

A corto plazo, proponen, podrían ir reduciéndose las operaciones sujetas a tipos reducidos, entre las que proponen excluir el suministro de bebidas azucaradas y alcohólicas en la restauración para lograr 1.360 millones.

Más allá, el texto propone revisar las exenciones existentes e invita particularmente a abolir la que beneficia a las operaciones financieras (incluyendo los servicios de depósito, efectivo, crédito o aval) para ingresar de golpe otros 2.800 millones extra.

Fiscalidad verde

El otro gran terreno para aumentar la recaudación es el desarrollo de una fiscalidad verde que aborde "la electrificación sostenible; la movilidad compatible con los objetivos de transición ecológica; la economía circular, enfocada en lograr un nuevo modelo de producción y consumo; y los costes medioambientales asociados al uso del agua". Se apuesta aquí, por ejemplo, por equiparar el tratamiento fiscal de diésel y gasolina (aportando de 2.621 millones, o incluso 6.850 si ambos se elevan), una medida que el Gobierno ya trató de impulsar y que el comité identificaba como prioritaria, pero que asumen se demorará.

El capítulo incluye, en todo caso, una gran batería de medidas que elevarían la tributación sobre billetes de avión; el combustible del transporte aéreo, marítimo y agrario; el gas natural, el uso de infraestructuras (pago por km de autovía recorridos); los fertilizantes; las emisiones; o la compra de vehículos; y rebajarían permanentemente la fiscalidad eléctrica (suprimiendo el impuesto sobre la producción y rebajando el especial). El saldo neto arrojaría unos ingresos extra de entre 5.941 y 15.023 millones.

Sociedades

En la fiscalidad de las empresas, los expertos asumen que la prioridad es adaptar la regulación internacional que fijará un tipo mínimo global del 15% y un mecanismo para repartir la recaudación entre los territorios donde operan efectivamente las multinacionales. En el ámbito nacional, eso sí, el comité recomienda tomar medidas para evitar la elusión de impuestos mediante el uso de sociedades pantalla, o la fraudulenta cobertura de gastos personales. También piden ajustar la capacidad económica y reducir las distorsiones que puedan suponer los ajustes fiscales al resultado contable, repensando el cálculo de la base contable; atendiendo a las rentas del exterior y la exención por doble imposición (en el que incidirá el marco global para multinacionales); los efectos de la amortización para garantizar la inversión o la reducción del sesgo al endeudamiento.

A partir de ahí, el comité es favorable a mantener el tipo de Sociedades (25% general y 30% para banca y petroleras), recortando beneficios fiscales para mejorar sus ingresos o introduciendo mejoras en algunos como el de I+D+i. Finalmente, abogan por simplificar el sistema de pagos fraccionados y dar incentivos al crecimiento de las pymes.

IRPF

En el caso de la Renta, los expertos proponen suprimir las exenciones, reducciones, deducciones y regímenes especiales injustificados. En concreto, el comité aboga por convertir la tributación conjunta en un nuevo mínimo; suprimir la de reducción por arrendamiento de vivienda e integrar en la base del ahorro los rendimientos del capital inmobiliario. También proponen hacer reembolsable el mínimo por descendientes menores de 18 años.

Economía digital

La economía virtual supone ya el 8% del total, estima el comité, que reclama adaptar el sistema tributario elevando el control de criptodivisas, la imposición indirecta en mercados digitales o por regular fiscalmente el teletrabajo.

Más allá, se establece una serie de medidas para apoyar la creación e impulso de nuevas empresas innovadoras, incluyendo eximir de declarar IVA en operaciones inferiores a 3.000 euros anuales, lo que beneficiaría a 500.000 contribuyentes, el 30% del total, con un coste de solo 228 millones.

Armonización autonómica

"La cuestión más polémica es la armonización de la imposición patrimonial", reconoció ayer durante la presentación del Libro Blanco de la reforma fiscal el presidente del comité de expertos, Jesús Ruiz-Huerta. El comité ha buscado aquí un "equilibrio entre la corresponsabilidad fiscal, como expresión de la autonomía financiera, y la exigencia de garantizar la aplicación de la imposición sobre la riqueza con criterios de eficiencia y equidad". "La deriva de los últimos años ha sido una competencia entre regiones sobre estos tributos, vaciándolos a efectos de recaudación y de control de la riqueza", sostuvo Ruiz-Huerta sobre figuras como Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. "Hay que evitar el vaciamiento y el Gobierno debe establecer límites mínimos de gravamen, al alza y a la baja", concluyó. "El debate está entre la defensa de la autonomía de una comunidad concreta y la autonomía general", pues la competencia hace que "estos impuestos tiendan a desaparecer", dijo.

En consecuencia, los expertos proponen delimitar la capacidad normativa de las CCAA de régimen común para fortalecer sus ingresos tributarios. La idea es fijar a escala estatal las bases imponibles y liquidables (excepto el mínimo exento), dejando cierto margen a las autonomías para definir el mínimo exento, la escala de gravamen y posibles deducciones y bonificaciones de la cuota, con el objetivo de asegurar un gravamen mínimo efectivo en todos los territorios. El comité, eso sí, no concreta qué limites considera adecuados.

Más allá de la armonización, el grupo propone cambios relevantes en la fiscalidad de la riqueza, considerando que gravarla será una herramienta clave para impulsar la necesaria consolidación fiscal de las cuentas públicas después de que la factura de la pandemia de Covid-19 haya disparado déficit y deuda. Los expertos defienden mantener las dos principales figuras del ámbito: Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Aunque sería factible suprimir ambos, admiten, hacerlo requeriría establecer otros gravámenes en la misma línea para compensar su ausencia.

Patrimonio y escudo fiscal

En Patrimonio, proponen elevar el mínimo exento hasta el millón de euros. A partir de ahí, el comité aboga por mantener el escudo de rentas que actualmente limita el gravamen a un máximo del 60% sobre la suma del IRPF y Patrimonio, aunque proponen incrementar la cifra al 70% (umbral en el que ya estuvo en su día y que superaría el 65% que tradicionalmente han usado las provincias vascas).

Empresa familiar

En Sucesiones y Donaciones se aboga por un mínimo exento alto, con una escala de gravamen moderada para los familiares más cercanos (grupos I y II). En el caso de la empresa familiar, se recomienda mantener su beneficio fiscal (reducción del 95% al 99% según la región), evaluando su efectividad periódicamente. Piden, eso sí, aumentar la seguridad jurídica con reglas más claras y estrictas, que fijen un importe máximo de base imponible que pueda beneficiarse de esta reducción.

MONTERO DESCARTA UNA "SUBIDA FISCAL INMEDIATA" ANTE LA GUERRA EN UCRANIA

La creación de un comité de expertos que diseñara una reforma fiscal, y el impulso de sus primeras medidas en el primer trimestre de 2023 forma parte de los compromisos sellados por el Gobierno español con la Comisión Europea a cambio de las ayudas del Mecanismo de Recuperación europeo. Nadie podía esperar cuando se puso en marcha, el pasado 12 de abril, que al concluir el plazo límite para concluir el informe, el pasado lunes, el mundo no solo no habría dejado atrás la pandemia sino que viviría conmocionado por una nueva guerra en Europa: la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Un conflicto que ha supuesto una nueva convulsión económica global que llevó ayer a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al recibir el documento, a asegurar que no impulsará de forma "inmediata ninguna subida fiscal".

Es más, el Ejecutivo se encuentra inmerso actualmente en la puesta en marcha de un Plan Nacional de choque que palie los efectos de la guerra en la economía española, admitiendo que ralentizarán la recuperación económica de la crisis del Covid y tensarán los precios al alza. El paquete, de hecho, incluye una nueva extensión de las rebajas fiscales aplicadas sobre la factura eléctrica hasta el 30 de junio.

En paralelo, y por los mismos motivos, la Comisión Europea ha abierto la puerta esta semana a retrasar un año más, hasta 2024, la reactivación de las reglas fiscales que obligan a los países a ceñirse el cinturón de la ortodoxia y a cumplir límites de déficit (3% del PIB) y deuda (60%).

España, que vio saltar la deuda pública del 95,5% al 125% y el déficit del 2,9% al 11% durante la pandemia podría ganar algo de aire adicional así para reconducir sus cuentas públicas. Se da la circunstancia añadida de que el calendario electoral, que fija los próximos comicios generales a finales de 2023 si el Gobierno de coalición agota la legislatura, puede desincentivar acometer antes grandes subidas de impuestos. Hacienda, que avanzó que valorará qué hacer con el texto en los próximos "meses y años", se limita de momento a asegurar que las medidas se acompasarán a la situación económica.