Propone ampliar el periodo de cálculo de 25 a 28
años y que haya un acuerdo con los agentes sociales y los grupos parlamentarios
3
de febrero CincoDias
El Gobierno está trabajando para lograr un
acuerdo este mismo mes de febrero y poner en marcha la segunda parte
de la reforma de pensiones, que está en standby desde
diciembre, tras la falta de entendimiento entre los agentes sociales.
Ha sido el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis
Escrivá, quien desde Rabat, en la cumbre hispano marroquí, se ha manifestado en
este sentido, al tiempo que ha indicado que la negociación está siendo “más
complicada” porque, a petición de los agentes sociales, la reforma se está
hablando “simultáneamente” tanto con ellos como con los grupos parlamentarios,
para garantizar su aprobación posterior en el Congreso.
El objetivo, por tanto, del ministro es buscar un
acuerdo en ambos ámbitos, lo que está provocando complicaciones adicionales que
espera subsanar a lo largo de las próximas semanas.
La
propuesta inicial lanzada por el Gobierno contempla una ampliación del
periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión, de los 25 años actuales
a los 30, aunque con la posibilidad de eliminar aquellas 24 mensualidades
peores, con lo que serían finalmente 28 años efectivos.
Los argumentos que se han esgrimido por parte del
Gobierno para justificar esta propuesta se han basado en que esta ampliación en
el periodo de cálculo de tres años a quien más beneficia es a las nuevas
carreras laborales que serán menos lineales y que cada vez son más frecuentes.
Sin embargo, esta propuesta, que se conoció a
primeros de diciembre pasado, no contó con el beneplácito de los agentes
sociales, que optaron por dilatar el proceso negociador a los primeros meses de
2023, pese a que inicialmente debía finalizar al cierre del año pasado. La
negativa sindical a la propuesta del Gobierno traía consigo la existencia de
garantías de que para respaldar la reforma se conociese que el acuerdo iba a
contar con el respaldo parlamentario.
En esta misma línea se han manifestado los
empresarios, insistiendo en su vieja reivindicación de que la fórmula de
cálculo para la pensión debería ir avanzando hasta alcanzar toda la carrera
laboral del trabajador.
El aumento del plazo de cálculo de la pensión en
términos generales acarrearía un recorte en las nuevas pensiones, ya que incluiría los ejercicios más cercanos al
inicio de la carrera laboral, que, como norma general, suelen ser de menores
sueldos y, por lo tanto, de menores cotizaciones.
El Banco de España cifró en un informe que las
pensiones iniciales serían un 5% menores, tras el aumento de 15 a 25 años que
se ha estado llevando a cabo entre 2013 y 2022. Pero la propuesta del Ejecutivo
contempla, además del compromiso de ampliar el periodo de cómputo, una mejora
del tratamiento de las lagunas de cotización de hombres y mujeres que en
determinada fase de su vida han visto reducida su carrera laboral por tener
hijos, lo mismo para los autónomos.
LA PRIMERA PATA DE
LA REFORMA, EN VIGOR DESDE ENERO DE 2022
Desde el pasado 1 de enero de 2022 está en vigor
la denominada primera pata de la reforma. En virtud del nuevo modelo de
pensiones se ha recuperado que sea el IPC la referencia para revalorizar las
prestaciones. Por ello, las pensiones se revalorizaron en noviembre el 8,5%,
tras conocerse que la inflación media anual hasta el penúltimo mes del año
alcanzó este nivel. Además, se impulsa el retraso de la jubilación, con el
propósito de acercar la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación.
Además, se da por finalizado el factor de sostenibilidad, que, por otro lado,
no llegó a entrar en vigor para
introducir el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).