La destrucción de más de 100.000 empleos en el primer trimestre y
la inflación preludian un mayor deterioro de la economía en un futuro próximo.
Pero los datos no reflejan todavía toda la intensidad de la crisis oculta que
se está larvando.
7
de mayo Expansión
Nos enfrentamos a un horizonte económico muy
complicado. Pese a los intentos
reiterados del Gobierno por hacernos vivir una ficción, la realidad se está
imponiendo y, desgraciadamente, muestra un deterioro importante de la economía,
con una ralentización cada vez más acusada, que ha derivado ya en una
importante destrucción de empleo en el primer trimestre.
Al igual que en 2007, cuando en diciembre de aquel año comenzó a
incrementarse el paro registrado por primera vez en mucho tiempo, la pasada
semana tuvimos una consecución de indicadores económicos que puede que marquen
ese punto de inflexión en la economía, no tanto porque no estuviese ya
deteriorándose con anterioridad, sino porque, al igual que en 2007, la
percepción no llegaba. Entonces, con aquel dato de paro de diciembre, llegó
dicha percepción, con una serie de datos posteriores que ya iban mostrando la
realidad económica que estaba camuflada, al igual que ahora.
La EPA, primero, el avance de la contabilidad
nacional trimestral, después,
junto con todos los indicadores que van apareciendo, como el indicador
adelantado del IPC o el índice de comercio minorista, reflejan que la economía
se está resquebrajando y de manera mucho más rápida de lo que incluso preveían
quienes no sostenían las tesis del Ejecutivo.
La destrucción de más de 100.000 puestos de
trabajo en el primer trimestre,
siendo, como es, el empleo un indicador retrasado, señala el fuerte deterioro
de la economía, que se ha confirmado con lo que motiva esa disminución de
puestos de trabajo, que es la marcha de la actividad económica. El avance de
los datos de la contabilidad nacional trimestral registra un crecimiento del
0,3% en el trimestre, que supone un crecimiento 1,9 puntos menor que el del
trimestre precedente. El consumo de los hogares cae un 3,7% intertrimestral,
con los dos principales sectores de la economía española frenándose: la
industria no sólo se para, sino que cae un 1,4%, y los servicios se ralentizan
1,7 puntos, creciendo sólo un 0,4%, al tiempo que la construcción deja casi
plano su crecimiento trimestral, un 0,3%, una décima parte de lo que se
incrementaba el trimestre precedente.
Pese a la rebaja del IPC debido a las subvenciones
a productos energéticos, la
inflación se está apoderando con fuerza de la economía española, con la
subyacente creciendo un punto más, hasta el 4,4%, la más elevada desde hace más
de veinticinco años. Mientras, el índice de comercio minorista desciende un
5,5% interanual. Estos indicadores muestran la intensidad del ajuste.
Revisión a la baja
Con ello, el Gobierno se ha visto en la obligación
de revisar a la baja la previsión de crecimiento de su cuadro macroeconómico.
Hace semanas que lo habían hecho las distintas instituciones, nacionales e
internacionales, que nunca llegaron a ser tan optimistas como el Ejecutivo:
BBVA Research estima un crecimiento para 2022 del 4,1%; la AIReF, del 4,3%; el
Banco de España, del 4,5%; y el más positivo de ellos, el FMI, la deja en el
4,8%. De esa manera, el crecimiento que el Gobierno estima para la economía española
en 2022 se queda en el 4,3%, que corrige desde el 7% que mantenía hasta ahora,
con el que diseñó los Presupuestos Generales del Estado del presente ejercicio;
siempre dijimos que eran papel mojado por lo irreales que eran las previsiones,
pero ahora queda oficializado. Mantiene en el 3,5% el crecimiento para 2023 de
la actualización del programa de estabilidad que envió a Bruselas hace un año,
y eleva al 2,4% el de 2024 (hace un año estimaba un 2,1%), añadiendo la
estimación del 1,8% para 2025.
No obstante, en la actualización del programa de estabilidad 2022-2025 enviado a
Bruselas, el Gobierno mantiene grandes dosis de optimismo, cuando la realidad
va por el camino opuesto. Se enroca en que la economía española no se estaba
desacelerando ya en el segundo semestre de 2021. Mencionan el impacto de los
precios de gas y electricidad, derivado de la recuperación internacional de la
demanda, así como la ola de Ómicron, pero sostiene que la economía española se
recuperaba con fuerza. Obvia el hecho de que el crecimiento económico en 2021
se quedó en el 5,1% en lugar del 6,5% previsto por el Gobierno. ¿A qué se debe,
entonces, ese recorte de casi un punto y medio sobre los datos de previsión?
Adicionalmente, mantiene que esa mayor recuperación permitió acelerar la corrección de
los desequilibrios fiscales y económicos, pero se olvida de decir que esa
mejora de 1,6 puntos sobre el objetivo de déficit se debe al incremento de
recaudación, ya que el gasto no se contuvo, todo lo contrario. Por tanto, el
incremento de recaudación se debe, en su mayor parte, al efecto de la
inflación.
Esto intensifica el desequilibrio, porque, al fin y al cabo, el efecto de la
recaudación por incremento de los precios será temporal, ya que si la inflación
no persiste, ese efecto se pierde; y si persiste, el empobrecimiento reducirá
la actividad económica, mermando la recaudación por caída de actividad mucho
más que el incremento derivado del efecto de la subida de precios.
Y, por supuesto, vuelve a fiar todo al efecto de
los fondos europeos, cuando la modesta ejecución de estos que hemos visto hasta
ahora y la poca canalización hacia las empresas, como ha dejado claro CEOE,
hacen pensar que el efecto multiplicador sobre el crecimiento no será tan
importante como previó el Gobierno (cosa que ya dijo hace meses la AIReF).
Grandes riesgos
Nada de eso se acerca a la realidad de la economía
española, que vive cercada por grandes riesgos, como la inflación, el elevado
endeudamiento público, la pérdida de competitividad y de poder adquisitivo y el
efecto de encarecimiento en la financiación que provocarán las próximas subidas
de tipos de interés.
En primer lugar, la inflación cada vez es menos transitoria -ya lo ha reconocido hasta el
BCE- y está provocando una elevación de los precios muy importante, con
encarecimiento de la cesta de la compra, de la factura de luz y gas y que está,
así, empobreciendo a las familias y mermando la competitividad de las empresas,
en general, especialmente las industriales, que puede dar lugar a una
paralización de la actividad económica, con la consiguiente destrucción de
empleo.
En sus previsiones, el Banco de España eleva la inflación de manera
muy importante, hasta el 7,5% en 2022 desde el 3,7% previsto en diciembre -con
la subyacente en niveles muy elevados- aunque la rebaja al 2% y al 1,6% para
2023 y 2024, respectivamente, probablemente de manera optimista, como optimista
fue la previsión de diciembre para el conjunto de 2022, de manera que se
confirmaría, de cumplirse esta previsión, el empobrecimiento generalizado de la
sociedad.
El elevado endeudamiento público, fruto de un incremento exponencial del gasto,
hace que el déficit estructural se incremente y que no pueda, apenas, bajar en
todo el período contemplado por el Gobierno en el programa de estabilidad,
manteniéndose por encima del 3%, de forma que sólo la coyuntura económica nos
permitiría estar por debajo del déficit que marca el protocolo de déficit
público excesivo (3%). Es más, el saldo primario, que excluye el pago de
intereses de la deuda, se mantiene con signo negativo durante todo el período
referido, lo cual señala que el desequilibrio persiste, pues el primer elemento
que denota un punto de inflexión hacia una reducción estructural del
desequilibrio presupuestario es incurrir en superávit primario, cosa que no
sucede en las previsiones del período.
Dicho elevado endeudamiento público sólo dota de
inestabilidad y fragilidad a la economía española, pues el fuerte incremento de la deuda atenazará a la economía
española por tres motivos: deja a la economía española sin capacidad de
respuesta contracíclica si cae la economía, ya que no hay margen para un mayor
gasto transitorio, al no poder elevar más el endeudamiento; la elevada deuda
aumentará la prima de riesgo en cuanto se reduzcan -y, después, eliminen- en
junio las compras de deuda española por parte del BCE; y, por último, el más
que previsible aumento de tipos de interés incrementará el coste de la deuda
nueva.
Es cierto que el Tesoro ha alargado correctamente
la vida media de la cartera de deuda, pero el nuevo endeudamiento incrementará el capítulo III de los
Presupuestos del Estado, drenando recursos para servicios esenciales. Así, en
el informe recoge que la previsión del tipo de interés del bono a 10 años
pasará del 0,1% en 2021, al 0,8% en 2022, el 1% en 2023 y el 1,1% en 2024 y
2025, que encarecerá sensiblemente la financiación de la economía española, al
seguir movilizando unas necesidades importantes de nuevo endeudamiento (de
60.000 millones, aproximadamente, para 2022 y de unos 35.000 millones de euros
para 2025, con incrementos entre una cifra y otra para 2023 y 2024).
Por último, ante una eventual subida de tipos de
interés, que cada vez parece más
cercana, supondrá un incremento en el coste de financiación de los agentes
económicos. El sector público verá cómo se incrementa su capítulo III, los
intereses de la deuda, aunque el alargamiento de la vida media de la cartera
minimizará el impacto durante un tiempo. Las empresas tendrán una financiación
más cara. Las familias, por su parte, sufrirán ese encarecimiento principalmente
en las cuotas hipotecarias, cuyo impacto dependerá del importe, plazo y nivel
de subida de tipos. De esa forma, para una financiación a 20 años, el
incremento de cuota hipotecaria mensual oscilará entre 35 y 145 euros según
suba 0,5 puntos o 2 puntos para una financiación de 150.000 euros. Si nos vamos
a un importe de 500.000 euros, la cuota mensual subirá entre 115 euros -para
0,5 puntos de aumento-y 490 euros -para 2 puntos de incremento-. Entre los dos
extremos, nos encontramos con diferentes incrementos según sea el nivel
financiado.
Todo ello, dibuja un escenario muy complicado para la economía española, como en
2007. Ahora, al igual que entonces, como los datos coyunturales no muestran
todavía toda la intensidad de la crisis oculta, se está larvando una situación
similar, que de no actuar puede desembocar en un desequilibrio económico mayor
que el de 2011, aunque la realidad ya empiece a cobrar forma en los últimos
indicadores publicados, como he mencionado antes.
Agravantes
Ese desequilibrio mayor que en 2011 puede darse,
de no hacer nada de inmediato para reformar la economía, porque existen una
serie de agravantes en nuestra estructura económica que la hacen más débil:
- Entonces, la
deuda sobre el PIB era del 35%; ahora, es del entorno del 115%. Por tanto,
ahora no hay margen para incrementar el gasto, pero el Gobierno lo está
haciendo; basta con ver su publicidad de los presupuestos de 2022.
- La
productividad, gran problema estructural de la economía española y de su
mercado laboral, tras dos años de continuo deterioro, cayendo durante esos
últimos ocho trimestres, no logra mejorar al analizar la productividad por
hora trabajada.
- La confianza del
consumidor y el índice de confianza empresarial caen a una velocidad mucho
mayor que en la anterior crisis.
- Entonces, en
2007, no existía la anestesia del precio cero por el dinero y las
economías tenían que financiarse en los mercados por sí mismas. Ahora, una
gran parte de la deuda encuentra su acomodo en las compras del BCE. Cuando
en la segunda parte de 2022 deje de hacerlo, el encarecimiento de la deuda
para España será un hecho. No será inmediato, por el alargamiento de la
vida de la cartera viva de deuda, pero irá teniendo un impacto importante.
- Entonces, la
inflación también se disparó, pero no a los niveles actuales. El BCE subió
tipos, pero, por ejemplo, en julio de 2008 los incrementó un cuarto de
punto, hasta el 4,25%, de manera que mucho recorrido al alza no había, y,
aun así, el incremento de tipos se dejó notar con dolor. Ahora, el recorrido
es inmenso y, simplemente, una subida de dos puntos puede empeorar mucho
la situación de la financiación de familias y empresas: por cada punto de
incremento, la cuota hipotecaria mensual puede subir entre 70 euros y 255
euros (financiación de 150.000 euros a 20 años y financiación de 500.000
euros a 35 años, respectivamente).
- Ya había cierto
problema con la sostenibilidad de las pensiones, pero la situación de
ahora es sumamente preocupante, por la jubilación intensa durante los
próximos años de la generación del baby boom, que incrementará el número
de pensionistas, con unos salarios de reemplazo muy superiores, al haber
tenido unas carreras más exitosas, junto con un menor crecimiento de
población activa, derivado de la baja natalidad. Al volver ahora a indexar
la revalorización de las pensiones al IPC, el problema se agrava: en
entornos de una inflación como el objetivo de precios del BCE (2%), Fedea
estimaba un incremento del gasto de pensiones de 30.000 millones de euros
en 2030. Ahora, sólo con la inflación media prevista para 2022, el impacto
en pensiones puede ser superior a 10.000 millones de euros.
- Ahora, hay una
presión inflacionista mayor de los salarios, derivado de las mayores cotas
del IPC y de haber vuelto a tener prevalencia los convenios sectoriales en
materia salarial con la contrarreforma laboral. Esto puede provocar una
peligrosa espiral precios-salarios.
No nos engañemos: la economía se encuentra sostenida artificialmente por el gasto público
desmedido, por la inundación de liquidez y la recaudación por los efectos de la
inflación, pero los fundamentales de la economía se deterioran rápidamente para
el medio y largo plazo, aunque no se vea todavía en los datos de corto plazo,
aunque hogares y empresas ya empiezan a sufrirlo. Con todo ello, el panorama
económico se vuelve, como dije al principio, sumamente complicado.
Fuente:
Expansion