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ABR. 2022 Expansión
La inflación en la zona euro escala hasta el 7,5%
en marzo mientras que en España
se dispara hasta el 9,8%, con lo que el diferencial con el bloque de la moneda
única se amplía hasta los 2,3 puntos, la mayor brecha de la serie histórica.
El rodillo inflacionista avanza implacable en la
eurozona, escalando hasta cotas inéditas en la historia del proyecto
comunitario, espoleado por la crisis de los precios energéticos y la guerra en
Ucrania, que ha exacerbado unos problemas que venían de meses atrás. El
IPC se disparó hasta el 7,5% en marzo en la zona euro, 1,6 puntos más que
en febrero, según el dato avanzado ayer por Eurostat.
El epicentro del seísmo inflacionario sigue
estando en los desorbitados costes energéticos, que en marzo se desbocaron otro
44,7%, pero sus fuertes réplicas se dejan sentir ya con fuerza en el conjunto
de la cesta de la compra, con un encarecimiento del 5% en el precio de los
alimentos y del 3,4% en los bienes industriales, tres décimas superior.
Aunque la fiebre inflacionista ha subido en la
mayoría de las economías del bloque, se ha ensañado con España,
cuyo termómetro marcó en marzo un IPC del 9,8%, el más alto de las
grandes economías del euro y el quinto mayor de todo el bloque del euro solo
por detrás de Lituania (15,6%), Estonia (14,8%), Países Bajos (11,9%) y Letonia
(11,2%). Pero aún más importante es que el diferencial de precios entre España
y la eurozona se amplió hasta los 2,3 puntos, la mayor brecha de la serie
histórica, que comenzó en 1997.
En marzo, la tasa de inflación en España superó en 2,2 puntos a la de Alemania,
en 2,8 a la de Italia y en 4,7 puntos a la de Francia.
Es un diferencial relevante y peligroso, porque esos países, además de ser las
tres mayores economías del euro, absorben más de un tercio del total de las
exportaciones nacionales, que tienen en el bloque comunitario su destino
mayoritario: un 63% de nuestras ventas al exterior se realizan en la UE y un
56% en la zona euro.
Esto supone un misil en la línea de flotación de
la competitividad de las empresas españolas, que soportan unos
costes significativamente mayores que sus rivales de la UE. Y es que España
también lidera la escalada de los costes industriales en el bloque del euro. En
enero, según los datos más recientes de Eurostat, los precios industriales
subieron un 35,7% en España, 5,1 puntos más que en la zona euro, una brecha
que, previsiblemente, ha ido a más en las últimas semanas. De hecho, los costes
industriales ya marcaron en España un récord histórico en febrero, con una
subida del 40,7%, cinco puntos más que en enero.
Caída de pedidos
Las consecuencias de esta espiral y de la
creciente brecha abierta con Europa son ya palpables y dramáticas. La cartera
de pedidos de la industria manufacturera española sufrió en
marzo su primera caída en catorce meses (desde enero de 2021),
mientras que "los nuevos pedidos para exportaciones cayeron al ritmo más
fuerte desde mayo de 2020", cuando las empresas españolas padecían los
efectos de la gran reclusión por la pandemia de Covid, según el índice de
gerentes de compras (PMI) publicado ayer por S&P Global.
Este mazazo es el resultado de un cóctel fatal: la inestabilidad y las tensiones provocadas por
la guerra en Ucrania, que han recrudecido las presiones inflacionistas; y
la huelga de los transportistas, que agravó las interrupciones en
las cadenas de suministro globales, provocando "graves retrasos en las
entregas" y aportando su grano de arena adicional a la presión sobre los
precios.
"Las causas subyacentes de estos cambios en
la producción y la cartera de nuevos pedidos (en España) fueron nuevamente los desafíos en las cadenas de suministro y
el aumento de la inflación", señala el informe de S&P Global, que
añade que "el estallido de la guerra en Ucrania a fines de febrero ha
exacerbado estos problemas, poniendo aún más presión en las cadenas de suministro
y aumentando las presiones inflacionistas". A diferencia de lo ocurrido en
España, "los nuevos pedidos aumentaron sólidamente al final del primer
trimestre" en la zona euro, según S&P Global, aunque la demanda de
exportación también se resintió por el conflicto en Ucrania.
Pero si la plaga inflacionaria es un mal
generalizado en Europa, ¿por qué
la subida de los precios se ha cebado especialmente con España? Si bien España no
depende del gas ruso en la misma medida que otros países europeos, entre ellos
Alemania, es una economía enormemente dependiente de la energía
exterior (importa el 75% de la que consume), a lo que se añade el
peculiar modelo de "precios dinámicos" del sistema eléctrico español
en la parte regulada, haciendo que los precios varíen cada hora, introduciendo
una enorme volatilidad y trasladando las alzas a empresas y hogares con mayor
celeridad que en otros países europeos.
De hecho, en un informe publicado en
febrero, CaixaBank Research estimaba que el dato de IPC podría
estar sesgado al alza en casi dos puntos precisamente por no incluir en el
cálculo a los consumidores energéticos del mercado libre, que representan el
60% del total y donde los precios los fijan de antemano las eléctricas, por lo
que son mucho menos volubles.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en que el plan de
choque aprobado por la crisis de Ucrania ayude a doblegar la curva
inflacionista, aunque analistas como Funcas advierten de que
en el mejor de los casos ese plan apenas restará un punto a la inflación. Habrá
que esperar a la respuesta de Bruselas sobre la propuesta de España y Portugal
de topar los precios del gas, dónde se fija el límite y cuánto permitirá
aliviar la presión sobre los precios.
Pero la cuestión de fondo sigue siendo la necesidad de racionalizar la
estructura del actual modelo eléctrico y de la factura de la luz, "que
ahora está condicionada a la energía más cara", señala Begoña
Casas, profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea, quien
subraya la necesidad de acelerar la transición a las renovables, revisar el mix
energético y la estructura fiscal de la energía, incluyendo los costes
regulados, que representan el 40% del recibo de la luz, y aboga por rebajas
fiscales, entre ellas fijar un tipo mínimo de IVA, para aligerar la factura
eléctrica.
Todo ello en un contexto en el que "con una inflación del 10% será muy difícil
evitar efectos de segunda ronda", afirma José García Montalvo,
catedrático de Economía de la UPF, quien añade que "cada vez es más
urgente alcanzar un pacto de rentas" para frenar la marea inflacionista.
Fuente
Expansión