El ministro de Inclusión y Seguridad Social aboga
por "la prolongación de la vida laboral" para sostener las pensiones
y, ante la empresa familiar, arremete contra los esquemas de jubilación
anticipada, a veces muy "agresivos".
12 de Mayo 2022 Expansión
Mientras organismos como el Banco de España
insisten desde hace tiempo en que la sostenibilidad del sistema público
de pensiones pasa por ajustes tanto por el lado de los ingresos como
por el de los gastos, e incluso su gobernador, Pablo Hernández de Cos,
sugirió recientemente que solo las pensiones mínimas se revaloricen con el IPC,
el Gobierno defiende a ultranza seguir haciéndolo con la inflación para
preservar el poder adquisitivo de los mayores, porque los pensionistas "no
tienen ya capacidad de reacción y de reajustarse".
Así lo afirmó ayer el ministro de Inclusión y
Seguridad Social, José Luis
Escrivá, durante la clausura de la Asamblea anual del Instituto de la
Empresa Familiar, en la que, si bien aseguró no ser partidario de esa indicación
en otros ámbitos de la economía, sí lo es en el de las pensiones, "ya sea
con salarios, ya sea con el IPC". Una afirmación que se produce en un
contexto en el que, mes tras mes, el gasto en pensiones bate récords, hasta
superar la nómina mensual los 10.700 millones en abril.
En opinión del ministro, "lo que hay que
hacer es asegurarse de que el sistema de pensiones sea absolutamente
sostenible" y para conseguirlo defiende que la "medida más
eficaz" es "la prolongación de la vida laboral". Esto no
significa que el titular de la Seguridad Social abogue por retrasar aún más la
edad de jubilación; de hecho, recordó que en 2011 el Gobierno, entonces bajo la
batuta de José Luis Rodríguez Zapatero, ya retrasó de 65 a 67 años la
edad legal de retiro a partir de 2027. Pero sí buscando fórmulas para
aproximar la edad real de jubilación, que en la actualidad ronda los 64,5 años,
a la edad legal y estimular la extensión de la vida laboral activa más allá de
la edad de retiro.
Escrivá anticipó ayer, durante su participación en
otro acto, el V Encuentro de Economía Sénior, que su departamento trabaja ya
en nuevos incentivos tanto para la jubilación activa, en la que se
compatibiliza el empleo con el cobro de una pensión, como para la jubilación
parcial. "Los incentivos son fundamentales en la vida", aseguró
el ministro. Esos nuevos acicates, que el ministro no precisó, se sumarán a los
que ya se han incorporado a la reforma de las pensiones para posponer la edad
de jubilación: una subida del 4% por cada año de retraso, un cheque único de
hasta 12.000 euros o una combinación de ambos.
En este contexto, el ministro criticó con dureza
las jubilaciones anticipadas, porque "en el fondo es una forma de pasar
los costes de reestructuración empresarial a la Seguridad Social con
esquemas de jubilación anticipada a veces muy agresivos". Lo hizo ante una
nutrida representación de la empresa familiar, ante la que añadió que España
es, con diferencia, el país de Europa con la "tasa de actividad más baja
entre 55 y 75 años", lo que tildó de "anomalía".
Escrivá anticipó ayer que la negociación con los agentes sociales para
el destope de las cotizaciones máximas es inminente, lo que
presumiblemente traerá consigo también una subida de las pensiones máximas. Y
defendió ante la empresa familiar que el nuevo factor de ajuste de las
pensiones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), esencialmente una
subida de 0,6 puntos en las cotizaciones entre 2023 y 2032, "no afecta a
la competitividad de las empresas", ya que, según el ministro, pasará de
20,9 euros por persona en costes laborales a 21 euros.
LA EMPRESA FAMILIAR PIDE QUE LA DEJEN COMPETIR
"SIN LASTRES NI DESVENTAJAS"
La Asamblea de socios del Instituto de la Empresa
Familiar, integrado por más de un
centenar de compañías entre las que figuran Acciona, Gestamp, Iberostar, Banca
March, Coca-Cola Europacific Partners, Puig o Grupo Antolín, eligió ayer a
Andrés Sendagorta, presidente de Sener, como nuevo presidente de la
institución, cargo en el que ha relevado a Marc Puig.
Sendagorta, arropado por una nutrida
representación empresarial, inauguró su mandato de dos años reclamando más
apoyo y menos trabas por parte de las administraciones públicas a la empresa
familiar. "No pedimos favores ni queremos privilegios. Lo que pedimos es
que se nos tenga en cuenta y se nos permita competir en el mundo sin lastres ni
desventajas", afirmó el nuevo presidente del Instituto de la Empresa
Familiar, quien añadió que su principal propósito al frente de la organización
empresarial será "defender ante los poderes públicos, centrales,
autonómicos y locales, la importancia de preservar nuestro acervo
empresarial", porque "tenemos legitimidad suficiente para hablar y
que se nos escuche". También hizo un llamamiento a "potenciar y
defender a las empresas españolas. Sin proteccionismos retrógrados, pero sin
ingenuidades peligrosas".
El Instituto de la Empresa Familiar, que durante el mandato de Marc Puig criticó las
subidas de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, promete ahora, bajo la
batuta de Sendagorta, mantener su "atención en los asuntos relacionados
con la fiscalidad, especialmente en Patrimonio y Sucesiones". Sus palabras
coinciden con los planes del Ejecutivo de acometer una armonización fiscal
entre regiones que podría obligar a varias de ellas a elevar la presión fiscal
precisamente en tributos como Patrimonio y Sucesiones.
Andrés Sendagorta defendió que "la empresa
familiar es uno de los pilares clave sobre los que se asienta la sociedad
civil" y pidió a sus socios "que las políticas de conciliación estén
en la primera línea de nuestras prioridades", buscando un equilibrio entre
trabajo y vida familiar que facilite la atracción de talento.
Fuente Expansión