Madrid 24 FEB 2022 CincoDias

Muchas empresas y autónomos que solicitaron los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que puso en marcha el Gobierno en marzo de 2020 para mitigar el impacto el Covid-19 deben empezar en breve a amortizar los créditos recibidos. Están a punto de cumplirse los dos años máximos de carencia (periodo en el que solo se pagan los intereses y no el principal del préstamo) sin que algunas actividades hayan recuperado del todo la normalidad previa a la crisis sanitaria. Aunque las entidades esperan un buen comportamiento de la cartera avalada, es posible que haya casos en los que no se puedan afrontar los pagos. Todavía existen varias tablas de salvación: se puede solicitar la ampliación del plazo de amortización del préstamo, reduciendo así la carga financiera, y siempre queda la posibilidad de negociar las condiciones con el banco.

¿En qué consisten los préstamos ICO para los afectados por el Covid-19? 

Tras el estallido del Covid, y en el marco del plan de reactivación de la economía y el empleo, el Gobierno aprobó el 17 de marzo de 2020 una línea de avales dotada de hasta 100.000 millones para garantizar la liquidez de autónomos y empresas. Posteriormente, aprobó una segunda línea, de 40.000 millones, dirigida a impulsar la realización de nuevos proyectos de inversión empresarial. Es el Estado el que avala estos créditos, cubriendo hasta el 80% del principal en el caso de pymes o autónomos, y hasta el 70% o el 60% en caso de renovaciones para el resto de las empresas.

La financiación avalada fue una de las primeras medidas puestas en marcha para proteger el tejido productivo tras declararse el estado de alarma. La activación por tramos de las líneas de crédito ha permitido ir introduciendo medidas adicionales de flexibilización para dar respuesta a las necesidades de las empresas a lo largo de estos casi dos años de pandemia.

¿Cuándo vencen las moratorias de las líneas de avales?

Las empresas que pidieron créditos con aval público, en su mayoría entre abril y junio de 2020, y que extendieron el periodo de carencia hasta el máximo permitido de 24 meses deberán hacer frente a sus obligaciones financieros en el segundo trimestre de este año. En un primer momento, durante la primera ola de la pandemia, la carencia era de un año, pero en noviembre de 2020 se amplió hasta dos años. Un total 386.698 operaciones se acogieron a esta medida, que estuvo vigente hasta junio de 2021.

Así, según datos del ICO, el 43% del total de los préstamos avalados tendrán que empezar a amortizar próximamente el principal además de los intereses. El 60% restante ya está haciendo frente a la devolución de estos créditos.

¿Es posible ampliar más las carencias?

Sí, pero solo en caso de alcanzar un acuerdo con el banco acreedor. El Cógido de Buenas Prácticas aprobado en marzo de 2021 permite que las entidades y los clientes puedan acordar de forma voluntaria la ampliación de los periodos de carencia de la operación avalada, debiendo comunicar la entidad al ICO dicha ampliación en la fecha máxima del 1 de junio de 2022.

Por otro lado, la norma actual contempla extender la vida total del préstamo avalado hasta diez años dependiendo de la tipología de la empresa. Inicialmente, el plazo de devolución era de hasta cinco años. Después, se pudo solicitar la ampliación en tres años adicionales hasta un límite de ocho años. Ahora, es posible solicitar, hasta el 1 de junio de 2022, extensiones adicionales de 2 a 5 años sin poder superar el plazo máximo de amortización de 8 o 10 años.

¿Quiénes pueden solicitar la extensión de los plazos de amortización?

Aquellas empresas cuya facturación haya caído más del 30% en 2020 con respecto a 2019. Asimismo, existe la posibilidad de que las empresas cuya facturación hubiera caído menos del 30% puedan acogerse a esta medida si cumplen el resto de condiciones de elegibilidad, si bien hay que tener en cuenta que en este caso deberá mediar acuerdo con la entidad que le otorgó la financiación.

¿Hay más opciones de renegociación de la deuda?

Sí. Además de la extensión del vencimiento de los avales, también es posible hasta la fecha límite del 1 de junio de 2022 la conversión del préstamo avalado en préstamos participativos, manteniendo la cobertura del aval público. Esta media, explican desde Bankinter, refuerza los recursos propios de las empresas beneficiarias, al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles. La empresa deberá haber tenido una caída de su facturación del 30% en 2020 y debe haber presentado un resultado negativo después de impuestos en la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2020. Asimismo, la empresa deberá cumplir con los requisitos de no estar en mora en ninguna financiación suscrita con la entidad financiera y no estar en concurso de acreedores.

Y, como último recurso vigente hasta junio de 2023, el Código de Buenas Prácticas también contempla la realización de transferencias directas por parte del Estado para reducir el principal de la deuda. Esta medida se ve apoyada en un línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros. Supondrá también un esfuerzo por parte de las entidades financieras concedentes de la financiación, que asumirán una quita por la parte proporcional no avalada del préstamo.

¿Qué pasa si finalmente no se pueden afrontar los pagos?

En un contexto todavía de pandemia, en el sector empresarial se teme que haya dificultadas para devolver las ayudas, especialmente aquellos sectores más afectados por las restricciones por le virus, como el turismo, los transportes y la hostelería.

Agotadas todas las vías, si no se paga, se condiera que el cliente (la persona que ha recibido el dinero) es el que tiene la deuda. El estado es, únicamente, un avalista. Desde el ICO explican que en estos casos "se llevarán a cabo las tareas de recuperación del crédito de acuerdo a la normalitva financiera".

Recientemente, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha apuntado que "no estaría mal planteado" pensar en "conceder una nueva moratoria para poder empezar a devolver esos créditos" de "como mínimo seis meses".

¿Cómo afronta la situación el sector bancario?

Ante el aluvión de vencimientos de las carencias en el segundo trimestre al cumplirse dos años desde que se concedieron, la banca afronta la situación con tranquilidad, pero con prudencia. Actualmente, La tasa de morosidad se sitúa en el 4,3%, según los datos del banco de España, la más baja desde principios de 2009. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, dijo recientemente que confía en que la mayor parte de los préstamos ICO se paguen con normalidad. Señaló que están clasificados como morosos un 3,5% de los importes de los créditos avalados por el Estado, mientras que la media global del banco es del 3,6%. Por su parte, el responsable de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, sostiene que el apalancamiento de familias y empresas es razonable y muy inferior al de otros tiempos.

¿Cuánto dinero han movilizado las líneas de avales?

Según los últimos datos disponibles, a 31 de enero de 2022, con las líneas de avales se han canalizado más de 135.382 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.148.187 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos. Según datos de ATA, prácticamente 800.000 autónomos en España accedieron a un crédito ICO.