La tasa subyacente aumenta cuatro décimas, hasta el 3,4%. Hasta 35 provincias registran avances por encima del 10%.

Madrid 14 ABR 2022 CincoDias

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este miércoles que el Índice de Precios del Consumo (IPC) avanzó en el mes de marzo un 9,8% en tasa anual, la misma cifra que había adelantado dos semanas antes. Aunque los precios se encuentran al nivel más elevado desde mayo de 1985, la confirmación del dato por parte de Estadística permite a España esquivar, al menos por el momento, la temida frontera del 10%.

De ello dependerá la evolución de los precios durante este mes de abril, que sigue fuertemente condicionado por la guerra en Ucrania y el encarecimiento de la energía. Por ahora, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) confía en que el IPC haya tocado techo con este avance del 9,8% y que los precios comiencen ya a bajar moderadamente.

De cumplirse las proyecciones de Funcas, España habría logrado evitar la barrera inflacionista del 10%. Sin embargo, según los datos del INE, nueve comunidades autónomas ya la han rebasado. Las dos Castillas, en concreto, llegaron en el mes de marzo al 11%. Tras ellas se situaron Aragón (10,7%), La Rioja (10,6%), Galicia (10,5%), Extremadura (10,3%), Cantabria y Comunidad Valenciana (10,2%), y Murcia (10%).

Por provincias, un total de 35 sobrepasan la temida barrera, con Toledo (12,6%), León (12,5%), Huesca (12,2%) y Ávila (12%) a la cabeza.

La subida de los precios a nivel general obedece principalmente a la energía, los combustibles y los alimentos. Dentro de los distintos grupos con influencia en el avance del IPC está, por ejemplo, la vivienda, con una variación anual del 33,1%, más de siete puntos y medio por encima de la registrada en febrero. Este repunte se debe a la subida de los precios de la electricidad y, en menor medida, del gasóleo para calefacción, mayor este mes que en marzo de 2021.

A continuación, se sitúa el transporte, con una tasa del 18,6%, casi seis puntos superior a la del mes pasado. La causa es, de nuevo, el encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, aumentan su variación en más de un punto, hasta el 6,8%, a causa de subidas generalizadas de todos sus componentes. Entre ellas destacan los incrementos de los precios del pescado y marisco, frente a la bajada registrada en 2021, y de las legumbres y hortalizas, además de la leche, el queso y los huevos y la carne.

Hoteles, cafés y restaurantes alcanzaron el 4,4%, ocho décimas más que en febrero, debido a que los precios de la restauración y los servicios de alojamiento aumentan este mes más de lo que lo hicieron en 2021.

En paralelo, la tasa anual de la inflación subyacente, que no incluye a las partidas volátiles como los alimentos frescos o la energía, aumenta cuatro décimas, hasta el 3,4%. Es la más alta desde septiembre de 2008.

Con este panorama, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reconoció que la escalada inflacionista ha alcanzado unos niveles que son “inaceptables”. Por ello, el Ejecutivo “trabaja intensamente” en varios frentes para reducir los precios de la energía, la principal causa del alza.

Desde Mérida, la vicepresidente explicó en declaraciones recogidas por Efe que se están tomando medidas decididas a nivel nacional y europeo para rebajar el precio de la electricidad y de los carburantes. Por un lado, está la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante que se aplica en España desde hace dos semanas, así como la de los impuestos, los cargos y los peajes del sistema eléctrico. Por otro, recordó Calviño, están las conversaciones con la Unión Europea para intentar reducir los precios de la electricidad en los mercados mayoristas e implementar, aunque sea de forma temporal, la ya conocida como excepción ibérica.

El objetivo prioritario es que cuanto antes empiece a bajar el precio de la energía y, en consecuencia, el del resto de componentes que conforman el IPC. De lograrlo, recordó Funcas, España empezará a ver a partir del mes de abril un descenso de los precios para situar la tasa media del IPC a cierre de 2022 en el 6,8%.

70.000 millones

La escalada inflacionista podría rondar los 70.000 millones de euros de merma en el poder de compra de los salarios y los depósitos. La cifra se obtiene al ver los efectos que la inflación media de los últimos 12 meses, del 4,9%, acarrea sobre las rentas y los ahorros.

Por un lado, teniendo en cuenta que la masa salarial anual del país asciende a un entorno de cerca de 600.000 millones de euros y que el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos (que afecta a más de 8 millones de trabajadores) fue del 1,47%, podría decirse que estos trabajadores están perdiendo entre 3 y 3,5 puntos de poder de compra. Es decir, entre 18.000 y 21.000 millones de euros.

En paralelo, España cuenta con poco más que un billón de euros en ahorros depositados en cuentas corrientes, por lo que el impacto del IPC, de casi el 5%, rondaría los 50.000 millones de euros.

LA PATRONAL LOGÍSTICA PIDE MENOS IMPUESTOS

La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) pidió hoy al Gobierno que baje urgentemente los impuestos que pagan las empresas para “compensar” el daño que está provocando el retraimiento del consumo por los elevados niveles de inflación. El menor consumo, añadió, pone en peligro la recuperación de las empresas y de las familias y, por tanto, de la economía española, para la que estima un crecimiento en torno al 5% este año.

En paralelo, la CEOE consideró “especialmente relevante” que se evite en el país un escenario de subidas de precios y de salarios, ya que esto provocaría efectos de segunda ronda y llevaría a una espiral inflacionista. La patronal aseguró que el hecho de que la inflación subyacente esté 6 puntos por debajo del IPC general demuestra que el tejido productivo está haciendo un “esfuerzo” para no repercutir todo el aumento de costes en sus precios finales de bienes y servicios”.

Los sindicatos por su parte, volvieron a pedir a la patronal y al Gobierno que se aseguren las cláusulas de garantía salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo.