El Ejecutivo asegura ante Bruselas que los nuevos
ERTE del mecanismo RED recortarán el paro estructural en 280.000 personas y
reducirán el déficit en unos 3.870 millones.
Madrid 29 ABR 2022 CincoDias
El Gobierno ya ha mandado a Bruselas el Programa
Nacional de Reformas de 2022
donde, finalmente, ha puesto en negro sobre blanco su compromiso para
"modificar el periodo de cómputo de la pensión de jubilación" este
año, algo que salió a la luz pública tras varias reuniones del ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con responsables de
la Comisión Europea, pero que él mismo negó completamente en reiteradas
ocasiones.
Los responsables gubernamentales no dan más
detalles, en este documento, de
cual será su propuesta para la reforma de este periodo, que actualmente toma
como referencia para calcular la pensión de jubilación los últimos 25 años
cotizados por el trabajador. La ampliación de estos años es una cuestión muy
espinosa porque, en la práctica, supone, según los cálculos actuariales, un
recorte de las futuras pensiones iniciales de la mayoría de los trabajadores,
ya que lo más habitual es que las carreras laborales sean ascendentes (se
empiece ganando menos y el salario vaya a más con el tiempo). Por ello, a la
hora de calcular la pensión, cuantos más años se acerquen a los iniciales de
las carreras laborales menor será la cotización que se tome en cuenta para el
cálculo y, por tanto, menor será la pensión inicial.
Bien es cierto, que desde los años noventa, de forma creciente, hay cada vez más trabajadores
que son expulsados tempranamente del mercado laboral en sus últimos años de
carrera de cotización y podrían salir beneficiados de esta ampliación del
periodo de cómputo, que es lo que argumenta habitualmente Escrivá. Y es
precisamente para ese colectivo de posibles beneficiarios para quien el ministro
ha sugerido en alguna ocasión que se modificará el periodo de cálculo. En
cualquier caso, los expertos coinciden en que de generalizar una ampliación de
número de años, la mayoría de los trabajadores verían algo mermada la
prestación inicial; de hecho, es una medida de contención de gasto.
En este Plan de Reformas de 2022 conocido hoy, en el capítulo de la Seguridad
Social el Gobierno también reitera su compromiso de modificar "el sistema
de cotización de los trabajadores autónomos y la base máxima de
cotización". Respecto a esta última cuestión, la polémica radica en cuánto
se ampliará esta base máxima y, sobre todo, cuánto subirá en proporción también
la pensión máxima en aras a la contributividad del sistema. Estas tres cuestiones serán por tanto el núcleo de la segunda
fase de la reforma de pensiones que el Gobierno incluye en las reformas de este
año ante Bruselas.
Menos déficit por los nuevos ERTE RED
El Ejecutivo justifica asimismo en la
actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025, que también ha remitido
hoy a Bruselas, la creación en la última reforma laboral de los expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE) denominados mecanismo RED, para aplicar en
empresas y sectores en reconversión, así como de manera general ante una crisis
coyuntural si así lo acordara el Gobierno. Concretamente, este documento
asegura que el "mecanismo RED tendrá un impacto positivo en términos
macroeconómicos, reduciendo el empleo estructural en 280.000 trabajadores, y
reduciendo también la elasticidad entre el empleo y PIB".
Es más, los responsables económicos del Gobierno
precisan que el "el positivo
impacto económico del mecanismo RED tendrá su fiel reflejo en términos fiscales
al reforzar la actuación de los estabilizadores automáticos: se reduce el
impacto fiscal durante las etapas recesivas y se alcanzan ahorros estructurales
equivalentes a unas tres décimas de PIB". En resumen, inciden en que "la
reducción del desempleo estructural en 280.000 trabajadores permitirá reducir
el déficit estructural en unos 3.870 millones de euros".
Finalmente, siguiendo con el mercado de trabajo, el Gobierno se muestra confiado ante
Bruselas de que el carácter plurianual de los convenios colectivos "limite
por el momento los efectos de segunda ronda" de la inflación. Así, por un
lado, destaca, que la subida salarial pactada en convenio es aún muy moderada
en comparación con la inflación porque hasta ahora "es del 2,3%, ocho décimas
más que en 2021 y con el mismo ritmo que la subida pactada en 2019".
Además, aunque las cláusulas de garantía salarial han aumentado sus efectos
hasta el 29% de los trabajadores, estas "permanecen muy por debajo de los
porcentajes cercanos al 70% anteriores a la crisis financiera".
Fuente:
CincoDias