Las patronales de la distribución, textil, electrodomésticos y comercio advierten de que esta medida que introduce la Ley Antifraude supone un serio perjuicio para el sector en el peor momento y reclaman que se modifique en el Senado.

La rebaja del límite de los pagos en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros también para los particulares que incluye la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal aprobada el martes en el Congreso ha puesto en pie de guerra a las principales asociaciones del comercio en España. Las patronales de la gran distribución (Anged), textil (Acotex), electrodomésticos (Anfel) y comercio (CEC) clamaron ayer en contra de esta limitación, de la que advierten que supone un serio perjuicio para el sector y que llega en el peor momento y reclamaron que se modifique en el Senado.

En rueda de prensa, subrayaron que, según datos del BCE, el 83% de las operaciones de compra en España son en efectivo, diez puntos más que la media europea, y representan el 66% de todo el volumen de las ventas del sector del comercio (frente al 48% de zona euro). Asimismo, esgrimieron que más de un 40% de los españoles considera muy importante el acceso y el uso de efectivo.

En este sentido, el portavoz de la CEC, Carlos Moreno-Figueroa, afirmó que, sólo en el ámbito de los electrodomésticos, más de un tercio de los usuarios paga en efectivo para compras de gama alta a menudo superiores a 1.000 euros en un segmento en el que además es habitual financiar la compra. Y puso de relieve que las operaciones con tarjetas conllevan un coste en comisiones y la cesión de datos.

Aunque no hay datos desglosados del número de compras superiores a 1.000 euros, desde Anged señalan que son habituales en electrónica y tecnología, electrodomésticos, ropa y lujo, los segmentos que se verán más afectados por la limitación.

Esta iniciativa, que promovía desde 2016 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro -que ya rebajó el límite a 2.500 euros en 2012-, se va a materializar cuando el comercio ha sido uno de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus. Las ventas del comercio minorista se desplomaron un 6,8% en 2020, el mayor descenso desde 2012, con una caída de facturación acumulada de entre el 20% y el 25% de media (unos 20.000 millones), con cerca de 50.000 afiliados a la Seguridad Social menos en el primer cuatrimestre de 2021 y un elevado porcentaje de tiendas cerradas. Los comercios han cerrado entre 90 y 225 días.

El director general de Anged, Javier Millán-Astray, subrayó que el Gobierno "debería centrarse en medidas para favorecer el consumo y no en otras, como ésta, que hace todo lo contrario, que es poner palos en las ruedas de la dinamización del sector".

El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), Eduardo Zamáloca, mostró su "sorpresa" por la aprobación de esta ley ya que, detalló, algunos partidos políticos aseguraron que iban a votar en contra y luego cambiaron el signo de su voto, lo que atribuyó a un "intercambio de cromos" y a razones ideológicas". Zamácola explicó que el sector "obtuvo la empatía y el apoyo" en reuniones previas de algunos partidos. En privado, esos mismos representantes políticos admitieron a las patronales del sector que la medida de limitar aún más los pagos en efectivo "no tenía sentido alguno ni iba a alcanzar los objetivos" de lucha contra el fraude fiscal. La propuesta, que sumó sólo los votos en contra de PP y Vox, "no va a rebajar el fraude fiscal y frenará el consumo", avisó.

La mayoría de países europeos no han establecido límites al pago en efectivo y, de los que lo han hecho, solamente Francia lo ha fijado en 1.000 euros. No han logrado, según las patronales de comercio, reducir la economía sumergida de forma significativa mientras que países que carecen de límites para los pagos en efectivo, como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos. Sin embargo, Italia, aunque rebajó el límite a 1.000 volvió a subirlo a 3.000 en 2016, recientemente ha aprobado una reforma que sitúa el límite en 2.000 euros en 2021 y para 2022 será de 1.000.

En cualquier caso, tanto el BCE como la Comisión Europea y el Consejo Europeo coinciden en favorecer el acceso y la utilización de la moneda de curso legal por parte de los ciudadanos. Así, el Consejo Europeo reconoce "que el efectivo sigue desempeñando un papel esencial en los pagos minoristas, en particular para la población que se encuentra en situación de exclusión financiera o digital y, en determinados contextos, como salvaguardia en caso de mal funcionamiento de los sistemas e infraestructuras de pago, y que tanto los pagos en efectivo como los pagos digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuarios".

El BCE ya ha advertido a España de que imponer un límite de 1.000 euros al pago en efectivo, como medida de lucha contra el fraude, podía ser desproporcionado.

Fuente: Expansion