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MAR 2022 EXPANSION
El comisario de Economía del Ejecutivo comunitario, Paolo Gentiloni, reconoció este miércoles que la
invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias geopolíticas tendrán un impacto
negativo en la expansión económica de la Unión Europea, pero “sin llegar a
descarrilarla”. Por eso, Bruselas está revisando la gobernanza económica de la
Unión a raíz de estos acontecimientos y abre la puerta a mantener las reglas
fiscales –congeladas desde la irrupción de la pandemia y previsiblemente hasta
este año– también en 2023.
“Esta guerra seguramente debilitará el itinerario
de nuestra recuperación, la senda de nuestra expansión económica, pero sin
estrangular el crecimiento”,
señaló Gentiloni que apuntó que la incertidumbre derivada de la situación en
Ucrania tendrá un impacto en los mercados europeos así como el sistema
energético, por lo que destacó la posibilidad de que el Ejecutivo comunitario
tenga que revisar su pronóstico de crecimiento del 4% para 2022 de sus
previsiones de enero, tanto a nivel europeo como de cada una de las capitales.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, recordó por su parte tras el
Ecofin que “aún es pronto” para valorar el impacto de la escalada bélica.
Aunque “es obvio” que la guerra influirá en el crecimiento, recordó que España
es uno de los países menos expuestos en términos económicos. Todo dependerá,
añadió, de la duración e intensidad del conflicto, así como de las
consecuencias que este genere en el panorama geopolítico.
Respecto a los precios de la energía, Bruselas estimó que se mantendrán en niveles altos
durante todo el 2022 ya que la última ronda de sanciones ha aumentado la
incertidumbre sobre el suministro de gas y petróleo desde Rusia.
A nivel nacional, la subgobernadora del Banco de
España, Margarita Delgado, destacó también este miércoles que el impacto de la
guerra en el sistema financiero español y en las relaciones comerciales será
“menor”, pero apuntó que “la clave” será el efecto que “ya” está teniendo el
conflicto en una inflación “más persistente” y que “puede desembocar” en un
menor crecimiento económico en Europa.
Por todo ello, y ante las perspectivas de que una inflación desbocada golpee a la
recuperación, la Comisión decidió empezar un proceso para revisar la
desactivación prevista para 2023 de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento, es decir, las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos
de los Estados miembros que se desactivaron por la pandemia y que estaba
previsto que volvieran a aplicarse a partir del próximo enero. A grandes
rasgos, limitan el déficit y la deuda al 3% y al 60% del PIB.
Con todo, no será hasta mayo cuando la decisión
final se tome, dada la incertidumbre que rodea a la escalada bélica. “Estamos
en una situación de incertidumbre alta y por el momento no consideramos la
aplicación de la regla en las circunstancias actuales”, dijo el vicepresidente
económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis. Desde Bruselas pidieron de nuevo
a los países con mayores niveles de deuda y déficit públicos controlar la
política fiscal para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Guía fiscal para 2023
El Ejecutivo comunitario también ha expuesto su
guía fiscal preliminar para 2023 considerando los últimos acontecimientos
ocurridos en Ucrania. Como norma, "las estrategias fiscales nacionales
deberán reflejar a cada país con sus circunstancias. No hay una talla única
para todos", indicó Dombrovskis.
En lo que respecta a la sostenibilidad de la deuda, en los países como mayores niveles, el Ejecutivo
comunitario aboga por reducir el indicador de manera que se proteja el
crecimiento y la inversión. En este marco, Bruselas ha establecido dos
estrategias diferenciadas: una para los Estados miembros con niveles de deuda
elevada y otros para los que tienen ratios más bajas. Los primeros deberán
reducirla gradualmente en 2023 a través de ajustes fiscales o contribuciones
del Fondo de Recuperación, así como el recorte en el gasto público. El segundo
grupo deberá fortalecer os niveles de inversión para las transiciones verde y
digital.
Otras directrices fiscales para 2023 contemplan el
impulso a la inversión pública y
evitar el retraso de la consolidación fiscal, así como inversiones y reformas
que promuevan el crecimiento sostenible.