Trabajo modifica su propuesta tras el enfado de la patronal. Las compañías no tendrán que justificar por qué el expediente temporal no soluciona sus problemas.

El Gobierno ha rectificado ante las presiones de las patronales CEOE y Cepyme en el diálogo social y ha restaurado la libertad de las empresas de presentar un despido colectivo -un expediente de regulación de empleo (ERE)- por causas objetivas, dentro de la legalidad vigente, si consideran que es la mejor solución para resolver su crisis.

Dicho de otra manera, el Ministerio de Trabajo ha suprimido la obligación de las empresas de presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que a partir de ahora se llamará Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo (MSE), antes que un despido colectivo. Por lo tanto, las empresas ya no tendrán que demostrar y explicar a la autoridad laboral por qué no les sirve el nuevo Mecanismo para resolver sus problemas. Esta nueva fórmula es la que sustituirá a los ERTE en la reforma laboral que ha planteado el Gobierno a la patronal y a los sindicatos. Así se desprende del último borrador sobre la reforma laboral, que Trabajo entregó el pasado miércoles a los agentes sociales, y al que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

CEOE y Cepyme habían apreciado en la propuesta la voluntad del Gobierno de restaurar la autorización administrativa previa al despido colectivo, que había antes de la reforma laboral de 2012. Incluso, el pasado martes, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, comparó esta medida con la nueva propuesta del Ejecutivo respecto al despido de los interinos que lleguen a los tres años de ocupación de la plaza en la administración. En ese caso, el trabajador es despedido con veinte días de salario por año de trabajo, igual que el despido procedente, y ya está.

En la reforma del Estatuto de los Trabajadores que el Gobierno había puesto sobre la mesa hasta ahora y respecto al despido colectivo, el Ejecutivo planteaba el siguiente párrafo, que ha tachado literalmente en la propuesta que Trabajo entregó el miércoles a los agentes sociales: "El Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo será preferente frente a las extinciones por causa económica, técnica, organizativa o de producción, debiendo la empresa motivar suficientemente en el caso de extinción por estas causas que el mecanismo del presente precepto es inviable para resolver de modo proporcionado y razonable la situación en la que se encuentra la empresa".

Por lo tanto, como en los ERTE actuales, las empresas podrán negociar con sus comités de empresa la reducción de la jornada de sus trabajadores, con el consiguiente descuento del salario, complementado por la prestación por desempleo. A cambio, como ocurre en los ERTE actuales, la empresa tendrá que comprometerse a mantener el empleo de los trabajadores afectados por la regulación temporal, en el momento en el que salga de la crisis.

En esta fórmula, el Ejecutivo quiere potenciar la formación para facilitar que el trabajador pueda encontrar empleo con mayor facilidad, si al final la empresa tiene que prescindir de él. Por esta razón, los empleados que estén con reducción de jornada, "tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema público". No obstante, en los nuevos ERTE la Inspección de Trabajo y el Servicio Público de Empleo aumentarán su control sobre las empresas. Incluso, podrán llevar a la empresa ante la justicia, si apreciasen "fraude, dolo, coacción o abuso de derecho".

Es importante destacar que la nueva fórmula de ERTE se aplicará "en el centro de trabajo". No necesariamente en el conjunto de una empresa con varios centros. Este es un dato importante para la obligación que tendrá el empleador de conservar los puestos de trabajo al acogerse al mecanismo. Pendiente de desarrollo reglamentario, significa que el compromiso del empresario para conservar el empleo, y recibir las ayudas, se refiere sólo a la plantilla del centro cubierto por el MSE.

FONDOS EUROPEOS PARA FINANCIAR LOS NUEVOS ERTE

Para financiar los nuevos Mecanismos de Sostenibilidad en el Empleo, el Gobierno creará un fondo que podrá dotarse de las siguientes fuentes: en su caso, y con crecimiento económico, los excedentes de cotizaciones sociales que pueda haber cuando crezca el empleo entre los ingresos por la cuota de desempleo y el pago de las prestaciones. El fondo también se dotará de las cuantías que pagan al Tesoro las empresas con beneficios, de más de cien trabajadores, por despedir a empleados mayores de 50 años. Además, el Gobierno también ha previsto que, a corto plazo, los Mecanismos de Sostenibilidad en el Empleo puedan financiarse con los fondos europeos provenientes del acuerdo de Transformación, Recuperación y Resiliencia, y también del fondo SURE, que es específico para sostener los ERTE. En el primer caso, el Gobierno espera, en un primer tramo, 70.000 millones de euros hasta 2023. En el segundo, ha recibido hasta ahora 21.300 millones de euros, que son claramente insuficientes para los 30.000 millones que va a gastar el Gobierno hasta el 30 de septiembre con los ERTE para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. El Ejecutivo también ha previsto la participación de los empresarios y de los sindicatos en este fondo. En la propuesta de reforma del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno también plantea una reforma importante de la contratación. El Ejecutivo limita a un año la duración máxima del contrato temporal, y restringe de forma importante su utilización por las empresas. En realidad, Trabajo plantea que el contrato indefinido fijo discontinuo sustituya al temporal en muchos cometidos de las empresas, para reducir la precariedad laboral. Por ejemplo, en el turismo, o el comercio, para atender las temporadas y las campañas que se producen en las sucesivas estaciones del año.

EL 29 DE JULIO, ÚLTIMA REUNIÓN DE LA REFORMA LABORAL ANTES DE LAS VACACIONES

El Gobierno, la patronal y los sindicatos se reunirán el próximo 29 de julio, para intentar acercar posiciones con los empresarios. Hasta ese momento, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quiere que los agentes sociales le hagan llegar sus propuestas sobre la modificación de los capítulos del Estatuto de los Trabajadores sobre los que, según parece, el Gobierno ha acotado la reforma laboral que quiere hacer: la contratación, la actividad de las subcontratas y contratas y la negociación colectiva. Es decir, lo que el pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos denomina la necesaria corrección de "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral del Ejecutivo del PP. Bien es verdad que el Partido Popular no tocó la actividad de las contratas y subcontratas. Por lo tanto, tal parece que el Gobierno va a cambiar la indemnización por despido, cuya rebaja fue uno de los grandes cambios que hizo el Ejecutivo del PP. En todo caso, hoy por hoy, los empresarios rechazan de forma contundente el conjunto de las propuestas de Trabajo. Todo ello, a pesar de que el Gobierno tiene prisa por cerrar la negociación, y cumplirlo plazos comprometidos con Bruselas. Inclusó, el borrador de real decreto ley presentado a los empresarios y los sindicatos tiene fecha de septiembre.